El 28 de marzo de 2025, el gobierno italiano, evitando el debido y obligatorio debate parlamentario, introdujo modificaciones sustanciales en la ley de ciudadanía italiana a través de un “decreto ley de urgencia”.

El decreto-ley Tajani, llamado así por el ministro de Relaciones Exteriores que lo redactó —sucesor de Silvio Berlusconi al frente del partido “Forza Italia”— ya tiene fuerza de ley desde su publicación en el Boletín Oficial el 29 de marzo. Sin embargo, no es retroactivo al 27 de marzo a las 23:59, como erróneamente indicaba el propio texto de la norma.

Esta aclaración es crucial, ya que el decreto excluye de su aplicación todos los pedidos de ciudadanía realizados ante las autoridades administrativas y todas las acciones jurisdiccionales presentadas hasta el momento de su entrada en vigor, los cuales se rigen por el sistema anterior vigente.

Desde el punto de vista jurídico, también es relevante destacar que, más allá de la cuestionable "urgencia" del decreto —que en realidad no existe y que impediría su aplicación en este caso—, el artículo 77 de la Constitución italiana establece que un decreto-ley de este tipo tiene una validez de 60 días y debe ser ratificado por el Parlamento para adquirir carácter permanente. Si no se convierte en ley, quedará anulado con carácter retroactivo.

Es poco probable que transcurran 60 días sin que el Parlamento se pronuncie. Sin embargo, el debate parlamentario será arduo y, sin duda, se introducirán modificaciones en beneficio de quienes han sido repentinamente excluidos del derecho a la ciudadanía. Esto se debe a que el decreto es, a todas luces, inconstitucional.

¿Qué establece el decreto y por qué podría afectar a los argentinos?

A partir de ahora, la transmisión de la ciudadanía se limitará a dos generaciones y solo bajo ciertas condiciones: el progenitor debe haber residido en Italia al menos dos años, o bien el abuelo debe haber nacido en Italia. Como consecuencia, los descendientes de segunda generación no podrán transmitir la ciudadanía italiana a sus hijos, lo que provocará la desaparición gradual de la ascendencia italiana entre las comunidades de expatriados.

Nada más contrario a la cultura argentina y a la política migratoria del actual gobierno italiano.

El fenómeno de la inmigración italiana en Argentina revolucionó la historia contemporánea del país. La cultura italiana se entrelazó profundamente en el tejido social, cultural, científico y económico de Argentina. Los hijos de humildes agricultores que trabajaron duramente se convirtieron en empresarios, médicos, abogados, investigadores o economistas, creando una nueva generación de italianos en el mundo. Orgullosos de sus raíces, estos nuevos italianos han mantenido viva la cultura y las tradiciones italianas en Argentina.

Miles de asociaciones de italianos de cada región de la península existen en Argentina. No hay ciudad, por pequeña que sea, en donde no haya una asociación de calabreses o piamonteses, donde no se vivan cotidianamente tradiciones que incluso en la misma Italia han desaparecido.

Esta realidad también se observa en otros países como Brasil, Colombia, Estados Unidos o Australia.

La justificación del decreto y las críticas

El decreto justifica la restricción en una "posible ausencia de vínculos efectivos con la República Italiana en un número creciente de ciudadanos, que podría alcanzar una cantidad igual o superior a la población residente en el territorio nacional, constituyendo un riesgo grave y actual para la seguridad nacional".

Junto a la limitación generacional, la reforma introduce un nuevo criterio: la necesidad de mantener un vínculo concreto con Italia a lo largo del tiempo. De hecho, los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero deberán demostrar que han ejercido derechos o deberes cívicos. “La ciudadanía es una cosa seria”, afirmó el ministro Tajani al presentar la norma.

Este cambio de política sorprende, ya que el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha insistido en la necesidad de consolidar los valores culturales, históricos y sociales que han forjado la identidad italiana. En su visión, esto es un freno ante una inmigración descontrolada de otras culturas que, según su discurso, buscan realizar una "sustitución étnica" a través del "ius soli". Sin embargo, el decreto limita el "ius sanguinis", afectando a los italianos en el extranjero y contradiciendo esta postura.

Las críticas no tardaron en surgir dentro de la propia coalición de extrema derecha en el poder e incluso dentro del partido de Tajani, promotor de la iniciativa.
 

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Un debate jurídico inevitable

Más allá de las implicancias políticas o sociales, el punto central de esta cuestión puede resolverse desde una perspectiva jurídica. Como han expresado destacados juristas italianos, este decreto está destinado a una vida breve debido a su inconstitucionalidad.

Un descendiente de italianos es ciudadano italiano desde su nacimiento en virtud del "ius sanguinis". Por lo tanto, el decreto y la eventual ley que lo ratifique no pueden aplicarse retroactivamente a ciudadanos ya nacidos. El derecho a la ciudadanía de estos descendientes no puede ser alterado.

En los últimos 15 años, los tribunales italianos han restituido derechos a mujeres que hasta 1948 no podían transmitir la ciudadanía y han permitido que quienes esperaban eternamente su turno en el consulado obtuvieran la ciudadanía. Ahora, su tarea será restituir este derecho a quienes el 28 de marzo recibieron la arbitraria noticia de que no podrán acceder a la ciudadanía italiana.

Ninguna ley puede reescribir la historia de Italia ni cambiar el espíritu de la ley de ciudadanía, creada para preservar el derecho de pertenecer a Italia, sin importar dónde nazcan sus descendientes.

Los argentinos en los próximos siglos seguiremos siendo italianos.

Pablo Munini es abogado inscripto en el Tomo 55, Foglio 386 del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires.

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