El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido postergar la implementación del polémico impuesto de 42 dólares (860 pesos mexicanos) a los pasajeros de cruceros. Este gravamen, que estaba previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, ahora será implementado a partir del 1 de julio del mismo año, según anunció la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) tras una reunión con autoridades mexicanas.

Un impuesto controversial y sus posibles impactos
El nuevo impuesto, parte de la Ley Federal de Derechos, eliminaría la exención fiscal para los pasajeros de cruceros en tránsito que permanecen unas horas en puertos mexicanos. Esta medida ha desatado un intenso debate entre la industria de cruceros, empresarios turísticos y el gobierno, debido a su potencial impacto en la competitividad de México como destino turístico y en las economías locales de las comunidades portuarias.

Michele Paige, directora ejecutiva de la FCCA, advirtió que el impuesto podría desincentivar las visitas a México, ya que haría que el país sea un 213% más caro en comparación con otros destinos del Caribe. Según cálculos de la asociación, una familia de cuatro personas enfrentaría un cargo adicional de 168 dólares por una breve estancia en tierra.

Reacciones de la industria turística y empresarial
La FCCA destacó que los cruceros generan un impacto económico directo de mil millones de dólares anuales en México, con más de 20,000 empleos y un gasto promedio de 90 dólares por pasajero en tránsito y 60 dólares por miembro de la tripulación. Una disminución en la llegada de cruceros, incluso del 15%, podría anular los beneficios económicos del nuevo impuesto, ocasionando pérdidas significativas en ingresos locales y empleos.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) expresó su preocupación por los efectos negativos del impuesto en destinos clave como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Los Cabos, entre otros, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90% de los visitantes. Sin embargo, también señaló que, si se implementa de manera adecuada, el impuesto podría ser una oportunidad para mejorar la infraestructura portuaria y atraer turismo de mayor calidad.

Postura del gobierno y acciones futuras
En su conferencia mañanera del 5 de diciembre, la presidenta Sheinbaum defendió el ajuste fiscal, argumentando que es necesario equilibrar las contribuciones de todos los sectores turísticos al desarrollo económico. También instruyó a su equipo a mantener un diálogo abierto con la industria de cruceros para atender las preocupaciones.

La FCCA, aunque reconoce el aplazamiento como un respiro temporal, enfatizó la necesidad de medidas más integrales para mitigar los efectos adversos del impuesto. Michele Paige lamentó que el cambio legislativo se haya aprobado sin una consulta previa con la industria, afectando la planificación y los negocios en México.

Riesgos para la competitividad y el futuro del turismo de cruceros
La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) señaló que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas de cruceros debido al incremento en costos. Esto no solo impactaría a las comunidades portuarias, sino también a sectores que dependen indirectamente del turismo, como guías turísticos, restaurantes, artesanos y proveedores locales.

Con la posibilidad de que las líneas de cruceros reconsideren sus itinerarios hacia destinos del Caribe y América Central, Michele Paige destacó la importancia de continuar el diálogo con el gobierno mexicano para encontrar un equilibrio que preserve el desarrollo económico, la competitividad y la accesibilidad de los destinos turísticos de México.

Aunque el aplazamiento del impuesto proporciona un alivio momentáneo para la industria de cruceros y las comunidades locales, el futuro del turismo marítimo en México dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses. El diálogo entre el gobierno y los actores del sector será crucial para garantizar que el desarrollo económico y la competitividad no se vean comprometidos, mientras se busca un equilibrio fiscal que beneficie a todas las partes.