David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, fue condenado este martes a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, según la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz. El fallo lo declara autor por cooperación necesaria en un esquema que, según los jueces, se diseñó a medida para garantizarle un puesto de trabajo en la institución provincial.

La resolución judicial, de 378 páginas, concluye que la plaza de "Coordinador de Actividades de los Conservatorios", a la que accedió David Sánchez en julio de 2017, fue creada expresamente para él, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Los magistrados sostienen que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016, el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, junto con la diputada de Cultura Cristina Núñez y la directora del Área de Cultura Elisa Moriano, decidieron habilitar el cargo pensando en el hermano del entonces recién reelegido secretario general del PSOE, quien en ese momento se encontraba sin empleo estable.

El tribunal también determinó que David Sánchez apenas ejerció las funciones para las que fue contratado. Según la sentencia, asistió de forma esporádica a su puesto, concentró su actividad en el proyecto "Ópera Joven" y dejó de lado las tareas de coordinación que en teoría justificaban su cargo. Años más tarde, en 2022, la Diputación modificó la denominación del puesto para convertirlo en "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas", un cambio que los jueces interpretan como un intento de dar cobertura legal a una situación ya consolidada y que se apoyó, según la sentencia, en un reglamento sin validez jurídica por no haber sido aprobado ni publicado oficialmente.

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, resultó el más golpeado por la Justicia: fue condenado a 18 años de inhabilitación al ser declarado autor de dos delitos de prevaricación administrativa, tanto por la creación original de la plaza como por su posterior modificación. "Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", señala la sentencia. Otros once acusados, todos cargos y excargos de la institución provincial, recibieron penas de nueve años de inhabilitación por su participación en la contratación de David Sánchez o en la de Luis Carrero, otro procesado vinculado al mismo entramado. Todos fueron absueltos del delito de tráfico de influencias.

La sentencia desató una inmediata batalla política en Madrid. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó la confianza del Ejecutivo en que "instancias superiores" reviertan el fallo y remarcó que la causa se originó a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias, sin que existiera acusación particular ni que la Fiscalía solicitara condena. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, calificó la sentencia de "auténtica barbaridad" y denunció una "cacería" contra Pedro Sánchez y el PSOE, asegurando que el proceso no persiguió un delito sino a una persona por su parentesco con el jefe del Ejecutivo.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que la condena demuestra que "nadie está por encima de la ley" y reclamó la dimisión del presidente del Gobierno. A través de un mensaje en X, Feijóo recordó que se trata de la tercera condena en el entorno cercano de Pedro Sánchez, tras las de el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el exministro José Luis Ábalos. La defensa de los condenados ya anticipó que recurrirá el fallo ante instancias superiores.