En una sentencia histórica que sacude a la política española, el Tribunal Supremo condenó este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por su participación en una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La resolución, que es firme y fue adoptada por unanimidad, considera acreditados los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias cometidos por ambos acusados en el denominado “caso Koldo”, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha afectado al entorno del Gobierno español en los últimos años.

Según la sentencia, la trama giró en torno a la adjudicación de contratos para la compra de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos durante la emergencia sanitaria.

Los magistrados concluyeron que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, obtuvo contratos millonarios y que parte de las comisiones generadas fueron destinadas a beneficiar al entonces ministro y a su asesor de confianza.

Comisiones millonarias y pagos periódicos

El Supremo considera probado que Víctor de Aldama canalizó alrededor de 6,6 millones de euros en comisiones a través de distintas sociedades. De acuerdo con la investigación, Ábalos habría solicitado dos millones de euros y Koldo García otros 500.000 euros como contraprestación por las gestiones realizadas.

La sentencia también da por acreditado que Aldama abonó 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo García entre octubre de 2019 y junio de 2022.

Además de las irregularidades relacionadas con la compra de mascarillas, el alto tribunal condena a Ábalos por favorecer contrataciones de personas de su entorno en empresas públicas, así como por beneficiarse del pago de alquileres de viviendas sufragados por la organización investigada.

Entre los hechos acreditados figuran el alquiler de un piso para su expareja Jéssica Rodríguez y el uso de inmuebles en Marbella y La Línea de la Concepción vinculados a gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y otros intereses empresariales.

Víctor de Aldama evita la cárcel por colaborar con la Justicia

El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho. Sin embargo, el Tribunal Supremo suspendió la ejecución de la pena, por lo que no ingresará en prisión.

La decisión se fundamenta en la colaboración considerada “especialmente decisiva” que el empresario prestó durante la investigación. Los magistrados valoraron que Aldama reconoció su participación en los hechos y aportó información clave para esclarecer el funcionamiento de la trama.

Como condición para mantener suspendida la pena, deberá abstenerse de cometer nuevos delitos, presentar informes semestrales sobre sus actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Tras conocerse el fallo, Aldama se mostró satisfecho con la resolución judicial y defendió la importancia de colaborar con la Justicia para combatir la corrupción.

Un duro golpe para la política española

En su sentencia, el Tribunal Supremo subraya que los hechos juzgados provocaron un grave deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en el sistema democrático.

La resolución representa el cierre judicial de uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la pandemia y supone un duro golpe para la imagen del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al afectar a quien fuera una de las figuras más influyentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial española envía además un mensaje contundente sobre la persecución de la corrupción política y la importancia de la colaboración con la Justicia para esclarecer este tipo de delitos.