La promesa histórica de Washington de restaurar la democracia en Venezuela tomó un giro inesperado. Aunque Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York acusado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, su salida del poder no dio paso a la transición liderada por la oposición que muchos venezolanos esperaban. En cambio, la administración del presidente Donald Trump permitió que figuras clave del círculo íntimo de Maduro permanecieran al mando, dejando a la oposición al margen y manteniendo al partido gobernante en el control del país.

En el centro de este esquema interino se encuentra Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, quien asumió el liderazgo provisional con la aceptación tácita de Washington. La decisión representa una ruptura significativa con años de respaldo bipartidista de Estados Unidos a la oposición venezolana, que había prometido reemplazar de inmediato a Maduro y restablecer el orden democrático en la nación petrolera.

La mayoría de los líderes opositores se encuentran hoy presos o en el exilio, incluida la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, lo que dejó al movimiento fragmentado e incapaz de ejercer control en un momento clave. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, la administración concluyó que la oposición no estaba en condiciones de garantizar la estabilidad y el orden público durante una transición frágil.

Estabilidad por sobre democracia, al menos por ahora

Funcionarios estadounidenses habrían aceptado una evaluación clasificada de la CIA que concluyó que los principales asesores de Maduro estaban mejor posicionados para gobernar de manera interina y evitar un colapso institucional. La prioridad en Washington es la estabilidad: prevenir un vacío de poder que pueda derivar en disturbios, afectar la producción petrolera o forzar el despliegue de tropas estadounidenses.

Dentro de esta estrategia, la administración Trump decidió interactuar con figuras controvertidas aún leales al antiguo régimen. Diosdado Cabello, señalado por abusos sistemáticos a los derechos humanos, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien controla a las Fuerzas Armadas y enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, son considerados actores clave para sostener el orden interno.

“Esto sigue siendo una operación de aplicación de la ley y aún no hemos terminado”, afirmó un alto funcionario del Departamento de Justicia estadounidense bajo condición de anonimato.

Nombramientos que refuerzan la continuidad

En una de sus primeras decisiones como presidenta interina, Rodríguez designó al general Gustavo González López como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). González López fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntas violaciones a los derechos humanos y corrupción. Anteriormente se desempeñó como jefe de inteligencia y luego ocupó un cargo estratégico en la petrolera estatal PDVSA.

Rodríguez también nombró a Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, como vicepresidente de Economía, una señal clara de que la gestión económica y la política petrolera son prioridades centrales en esta etapa de transición.

Presiones y exigencias de Washington

En paralelo, Estados Unidos presiona al liderazgo interino para que cumpla una serie de demandas: apertura de la industria petrolera en condiciones favorables para empresas estadounidenses, ofensiva contra el narcotráfico, expulsión del personal de seguridad cubano y el fin de la cooperación con Irán. Funcionarios estadounidenses esperan avances concretos en cuestión de semanas.

La presión financiera también forma parte de la estrategia. Washington habría identificado activos en el exterior presuntamente vinculados a Rodríguez, incluidos fondos en Qatar, aunque autoridades qataríes desmintieron esas versiones.

Una transición sin calendario definido

Si bien Estados Unidos sostiene que el objetivo final es avanzar hacia nuevas elecciones, no existe por ahora un cronograma claro ni un plan detallado. Críticos internacionales calificaron la estrategia como una forma de neocolonialismo y una violación del derecho internacional, al tratarse de la mayor intervención estadounidense en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989.

Por el momento, Washington considera a Rodríguez como la pieza central de una estrategia de transición que sigue “en construcción”. La incógnita es si este delicado equilibrio entre antiguos leales al régimen y Estados Unidos logrará sostenerse y, eventualmente, conducir a un proceso democrático real.