El esperado informe completo del fiscal especial Robert Mueller, que durante casi dos años ha investigado la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y la potencial obstrucción a la justicia de Donald Trump, no es un punto final sino un punto y seguido.

Se ha hecho público, con algunas partes censuradas, el documento. Son 448 páginas en las que, como se sabía desde el mes pasado, Mueller ha establecido que ni Trump ni su campaña se coordinaron o conspiraron con el gobierno ruso en sus actividades de injerencia electoral, pero el fiscal general tampoco responsabiliza ni exonera al presidente de la posible obstrucción.

Esa indeterminación, motivada por límites legales que han marcado el trabajo y las decisiones del fiscal especial, abre ahora la puerta al Congreso a tomar el relevo y dar los siguientes pasos, especialmente porque Mueller y su equipo detallan 11 episodios concretos que apuntan a la obstrucción. Y aunque la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, ha declarado que intentar poner en marcha el proceso de 'impeachment' “no merece la pena en este momento”, las investigaciones en el  legislativo van a seguir su curso y el informe acapara de nuevo la atención política.

En un país donde la actual presidencia se inauguró dejando para la posteridad la idea de que existen “hechos alternativos” es lógico que ahora se entre en un mundo de realidades paralelas.

Por un lado Trump, su campaña de reelección, su Administración, sus abogados, sus defensores y medios conservadores insisten en que el informe representa la exoneración “total y completa” del presidente tanto en términos de confabulación con Rusia (a la que se dedica el primer volumen del informe) como de obstrucción, la línea argumental que han mantenido desde que el mes pasado Mueller dio el informe al fiscal general William Barr y este presentó dos días después un resumen de cuatro páginas.

Por el otro, demócratas, opositores, otros muchos medios de comunicación y cualquiera que lea el informe es consciente de que, al menos en la parte referida a la obstrucción, que ocupa el segundo volumen, la exoneración está lejos de ser una realidad.

Entre los 11 episodios de potencial obstrucción a la justicia que describe Mueller están el despido del director del FBI James Comey o su intento de forzar al fiscal general Jeff Sessions, que se inhibió de supervisar cualquier investigación vinculada al ‘Rusiagate’, de que volviera a ponerse al frente. Se incluyen también los esfuerzos que hizo Trump en junio de 2017 para intentar que fuera despedido el propio Mueller , a cuyo nombramiento un mes antes había reaccionado con la frase “Oh Dios mío. Esto es terrible. Esto es el fin de mi presidencia. Estoy jodido”. Pidió el despido de Mueller sin éxito a su principal asesor legal, al que luego también solicitó infructuosamente que mintiera sobre la petición. Luego intentó usar su poder para limitar la investigación del fiscal especial.

Pese a esos 11 episodios documentados Mueller decidió que no seguiría parámetros normales de una fiscalía. Es una decisión que ha adoptado en parte por directrices que guían desde después del Watergate al Departamento de Justicia y que establecen que no se puede imputar a un presidente en activo. Y Mueller alega que, dado que no estaba en su mano presentar cargos, era mejor no alcanzar un juicio definitivo sobre la obstrucción para ser “justos”.

Lo que también hace Mueller, no obstante, es recordar que no exonera al presidente. Y el párrafo de conclusiones del segundo volumen es claro al respecto. “Porque hemos decidido no hacer una determinación tradicional fiscal no hemos alcanzado conclusiones definitivas sobre la conducta del presidente. Las pruebas que obtuvimos de la conducta y la intención del presidente plantean temas difíciles que necesitarían ser resueltos si estuviéramos haciendo un juicio fiscal tradicional”, se lee. “Al mismo tiempo, si tuviéramos confianza después de una completa investigación de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia lo diríamos. Basados en los hechos y los parámetros legales aplicables somos incapaces de alcanzar ese juicio. Por eso, aunque este informe no concluye que el presidente cometiera un crimen tampoco lo exonera”.

Mueller, además, abre la puerta a que siga adelante en el proceso otra rama del gobierno, el poder legislativo. Y se ha referido al sistema constitucional de “controles y contrapesos” que crea en EEUU el equilibrio de poderes y al “principio de que ninguna persona está por encima de la ley” para dejar por escrito su opinión de que “el Congreso puede aplicar leyes de obstrucción al ejercicio corrupto de poderes del presidente en el cargo”.

Las elecciones de 2020
Hagan lo que hagan los demócratas en el Congreso, donde por ahora ya han pedido que comparezca personalmente Mueller “lo antes posible” y tener acceso al documento completo, sin partes censuradas, el informe promete tener un papel protagonista el próximo año y medio hasta las elecciones de 2020 en que Trump busca la reelección. Y se pueden anticipar opuestos los caminos del presidente y de los candidatos demócratas.

La reivindicación de inocencia absoluta, las renovadas denuncias de que toda la investigación ha sido “un engaño” políticamente motivado y la llamada ahora a “investigar a los investigadores” han centrado los dos primeros mensajes enviados por la campaña del presidente, que personalmente ha declarado este jueves “un buen día” y hataha clgad un tuit usndo la iconogafá de Juego de Tronos para declarar un "game over", juego acabado. Kellyanne Conway, una de sus asesoras, ha ido aún más lejos y ha dicho que es “realmente el mejor día desde que fue elegido”.