La crisis política y financiera de Paraguay sumó un nuevo episodio de extrema tensión. El expresidente Santiago Peña fue trasladado durante la noche del viernes desde su residencia en Asunción hasta el Regimiento Escolta Presidencial, después de que una multitud de manifestantes superara el dispositivo policial instalado frente a su domicilio y se produjeran enfrentamientos.

El operativo se realizó minutos antes de la medianoche, en medio de insultos, lanzamiento de huevos y objetos contra las camionetas que integraban la caravana. Según informó el diario paraguayo ABC Color, al menos cuatro vehículos abandonaron la vivienda y uno de ellos transportaba a Peña. Durante los incidentes, un comisario resultó herido por un proyectil y la Policía denunció la posible presencia de infiltrados.

El traslado fue justificado oficialmente por razones de seguridad, ante la imposibilidad de garantizar la protección del inmueble y de sus ocupantes. Peña permanecía bajo arresto domiciliario por orden de la Fiscalía y debía presentarse este sábado para prestar declaración.

El episodio se produce después de un terremoto institucional sin precedentes recientes. El Senado paraguayo destituyó a Peña el viernes mediante un juicio político que terminó con una votación unánime. Aunque el mandatario había presentado su renuncia el jueves, el Congreso decidió continuar el procedimiento y formalizar su salida del poder. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia.

El detonante de la crisis fue el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había crecido rápidamente y cuyos servicios alcanzaban a cerca de la mitad de la población paraguaya. El Banco Central intervino la entidad en medio de cuestionamientos sobre sus prácticas crediticias y sus vínculos con sectores del poder político y financiero.

Peña había sido accionista de la sociedad controlante del banco hasta el año pasado. Las acusaciones que sustentaron el juicio político incluyeron presuntos conflictos de intereses, manipulación de controles regulatorios y utilización irregular de fondos. El expresidente negó haber cometido irregularidades y sostuvo que se trataba de un problema regulatorio.

La Fiscalía investiga posibles delitos, entre ellos tráfico de influencias y lesión de confianza. También emitió una orden de detención contra el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, antiguo directivo de Ueno.

La indignación social creció por los ahorros de miles de clientes que quedaron temporalmente bloqueados, incluidos jubilados que recibían sus prestaciones a través de la entidad.

El traslado de Peña a una instalación militar, bajo fuerte custodia, refleja hasta qué punto el escándalo bancario se transformó en una crisis política, judicial y social que ahora pone a prueba la estabilidad institucional de Paraguay.