El Gobierno nacional consiguió una importante victoria legislativa luego de que el Senado de la Nación aprobara la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que busca reforzar las garantías sobre el derecho de propiedad y establecer nuevas condiciones para las expropiaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles. Sin embargo, el resultado dejó en evidencia la compleja negociación política que debió afrontar el oficialismo para reunir los votos necesarios y mantener viva una de las iniciativas centrales de su agenda parlamentaria.

La votación terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, una diferencia mínima que reflejó la fuerte polarización existente dentro de la Cámara alta. Para alcanzar esa mayoría, el Gobierno aceptó retirar dos de los puntos más cuestionados del proyecto: la eliminación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras, que habilitaba una mayor participación de inversores extranjeros en la compra de tierras rurales, y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que proponían flexibilizar las limitaciones para cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios.

La decisión de excluir ambos capítulos fue determinante para destrabar las negociaciones con legisladores de provincias agropecuarias y patagónicas, quienes habían anticipado que no acompañarían el texto original. El oficialismo optó por preservar el núcleo de la iniciativa antes que arriesgar una derrota parlamentaria que hubiera significado un fuerte revés político para la administración del presidente Javier Milei.

Durante el debate, el oficialismo sostuvo que la norma fortalecerá la seguridad jurídica, protegerá a los propietarios frente a ocupaciones ilegales y brindará mayor previsibilidad para las inversiones. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que el proyecto prioriza una visión centrada exclusivamente en la defensa patrimonial y advirtieron que algunas disposiciones podrían derivar en conflictos vinculados con el acceso a la vivienda, las expropiaciones y los derechos territoriales.

Mientras el Senado debatía el proyecto, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de una nueva jornada de protestas. Organizaciones sociales, sindicales, ambientales y agrupaciones políticas se movilizaron para expresar su rechazo tanto al proyecto como a otros aspectos de la agenda oficial. Con el correr de la tarde, la situación derivó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para contener los disturbios. El saldo fue de varios heridos y detenidos, según informaron fuentes oficiales y organismos que siguieron la protesta.

Pese a haber resignado dos capítulos considerados estratégicos, el Gobierno celebró la aprobación de la ley como una señal de respaldo político en un Congreso donde continúa sin mayoría propia. No obstante, la discusión parlamentaria está lejos de haber concluido. El proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso y con nuevas negociaciones para definir el texto definitivo de una norma que ya se convirtió en uno de los principales ejes de la agenda política argentina.