La Verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción (Cádiz), cerrada a cal y canto durante 13 años (1969-1982), separando a familias y vecinos, dejará de existir en seis meses. España y el Reino Unido han alcanzado un “principio de acuerdo” para evitar que Gibraltar se convierta en frontera exterior de la UE. Las dos delegaciones, encabezadas por los respectivos ministros de Exteriores, la española Arancha González Laya y el británico Dominic Raab, estuvieron negociando por videoconferencia hasta bien avanzada la madrugada del jueves, a pocas horas de que la pasada medianoche se consumara el Brexit, el desenganche definitivo del Reino Unido de la UE.

Según ha explicado la jefa de la diplomacia española en rueda de prensa desde La Moncloa, Gibraltar se unirá a Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integran 26 países (22 comunitarios, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), de forma que la frontera de la colonia dejará de estar en la Verja para situarse en su puerto y aeropuerto. Quienes entren desde territorio español a Gibraltar no necesitarán pasaporte, pero sí los británicos que quieran viajar a su colonia, ya que el Reino Unido no forma parte de Schengen.

Durante el denominado “periodo de implementación”, que se prolongará cuatro años, los controles en el puerto y aeropuerto gibraltareños correrán a cargo de la agencia europea de fronteras (Frontex), pero España será la responsable de que las normas de Schengen se cumplan en el Peñón. Eso quiere decir que los agentes europeos tendrán que dar cuenta a las autoridades españolas, que tendrán la última palabra a la hora de permitir la entrada de una persona o concederle un visado de corta duración (90 días), según la información disponible en la base de datos Schengen.

El pacto, que fuentes de La Moncloa no dudan en calificar de “histórico”, se venía negociando desde junio pasado entre una delegación española y otra británica (con representantes gibraltareños formando parte de la misma), pero hizo falta un sprint final, con las dos últimas noches casi en blanco, al aproximarse la hora límite, (las doce de la noche de este 31 de diciembre), sin haberlo cerrado. El texto ya ha sido remitido por el Gobierno español a Bruselas y ahora deberá plasmarse en un tratado entre el Reino Unido y la UE, ya que la competencia corresponde a la Comisión Europea. El acuerdo no hubiera sido posible si España no hubiera logrado, durante la negociación del Brexit, tener derecho de veto sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión.

La ministra española ha subrayado que las medidas acordadas con Londres se aplicarán “sin perjuicio de las pretensiones irrenunciables de ambas partes en materia de soberanía [sobre Gibraltar], que han quedado salvaguardadas”; es decir, que España no renuncia a reivindicar tanto la colonia en su conjunto como el aeropuerto en particular; construido sobre un istmo ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

Mientras se completan los trámites necesarios para culminar ese tratado, que se estiman en un máximo de seis meses, se aplicarán “las modalidades que permite Schengen para flexibilizar los controles en la Verja”, de forma que la movilidad (ya muy limitada a causa de la pandemia) sea “lo más fluida posible”, en palabras de la ministra. A partir de este 1 de enero, Gibraltar pasa a ser territorio de un país tercero, por lo que será necesario el pasaporte para cruzar la Verja con dirección a España, aunque los controles de documentación serán muy someros al existir un principio de acuerdo para suprimirlos, según las fuentes consultadas.

González Laya no ha querido ofrecer detalles sobre cómo ejercerá España su responsabilidad sobre la frontera de Gibraltar, ni tampoco si, transcurridos los cuatro años, policías españoles se desplegarán en el puerto y aeropuerto de la colonia. Solo ha señalado que, al final de este periodo, está prevista la realización de consultas y que el papel de Frontex es el de “asistir a las autoridades españolas” y servir de “constructor de confianza”; es decir, disipar los recelos gibraltareños. Fuentes de su departamento han asegurado que, pasado el periodo de transición, serán agentes españoles los que se hagan cargo del control fronterizo.