El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del "procés" de los edificios públicos en periodo electoral.

En su sentencia, el alto tribunal desestima por unanimidad el recurso de casación de Torra contra la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por un delito de desobediencia.

El alto tribunal da por ratificada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y concluye que desatener las órdenes e la JEC en periodo electoral debe ser considerado como delito de desobediencia. Una vez notificada la sentencia, el Supremo remitirá al tribunal catalán la resolución para que ejecute la pena de inhabilitación. Esto supone que de manera automática, una vez quede ejecutada, Torra deberá abandonar el Palau de la Generalitat al tener prohibido ejercer como cargo público durante el periodo establecido.

El eje del debate de los cinco magistrados que han confirmado la Sala era si incumplir una orden de la JEC puede suponer la comisión de un delito. Torra reconoció en todo momento que no había atendido a los requerimientos de la JEC de retirar la pancarta y lazos amarillos pero negó que fuera responsable penalmente de ello. En la vista para defender el recurso de casación presentado contra la sentencia del TSJC, su letrado intentó convencer al tribunal que la actuación del todavía presidente catalán formaba parte de acto político.