Washington – El Gobierno Federal de Estados Unidos continuará paralizado al menos hasta el lunes 6 de octubre, luego de que dos propuestas presupuestarias fracasaran este viernes en el Senado, que entrará en receso durante el fin de semana.

La próxima votación está programada para la tarde del lunes, cuando demócratas y republicanos volverán a presentar sus proyectos para financiar a la Administración Central, bloqueada desde el pasado miércoles por la falta de consenso entre ambas bancadas.

Según estimaciones oficiales, unos 900.000 empleados federales fueron suspendidos de sus labores, mientras que otros 700.000 continúan trabajando sin recibir salario.

Servicios esenciales en funcionamiento

A pesar de la crisis presupuestaria, se mantienen en operación los servicios considerados esenciales: controladores aéreos, personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, la paralización ya afecta al sistema económico. El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) suspendió la publicación de datos clave de septiembre, mientras que un nuevo bloqueo en el Senado pondría en riesgo la difusión de la balanza comercial el próximo martes, responsabilidad del Buró de Análisis Económico (BEA).

De prolongarse el cierre, también estaría comprometida la divulgación de los índices de inflación previstos para el 15 de octubre, lo que dificultaría el análisis de la situación económica tanto para los expertos como para la Reserva Federal (Fed), que debe reunirse en menos de un mes para decidir sobre una posible rebaja de las tasas de interés.

Culpa cruzada y tensiones políticas

El cierre federal, el primero en siete años, reavivó la disputa partidaria. Los republicanos acusan a los demócratas de forzar intencionalmente la parálisis y rechazan ceder en el debate sobre financiación de servicios sanitarios, argumentando que estos beneficiarían a “inmigrantes ilegales”.

Por su parte, los demócratas niegan esas acusaciones y responsabilizan a la mayoría republicana por negarse a negociar un presupuesto que garantice la continuidad de programas básicos.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha aprovechado la coyuntura para insistir en su objetivo de reducir el tamaño de la administración pública. La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) ya recibió órdenes de identificar programas clasificados como no esenciales, con el fin de preparar eventuales despidos si la crisis se prolonga.

El país espera con incertidumbre el resultado de la votación del lunes, que podría extender o resolver un cierre que impacta no solo en los trabajadores federales, sino también en la economía estadounidense y su imagen internacional.