BUENOS AIRES, 3 de septiembre de 2026. – El Gobierno de Javier Milei decidió profundizar la ofensiva jurídica contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra quienes participen directa o indirectamente de esas actividades.

La medida tiene como principal referencia el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa busca comenzar a desarrollar recursos offshore en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Durante su mensaje por cadena nacional, Milei anunció que el Gobierno utilizará las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para impedir que empresas y actores privados colaboren con actividades de explotación de recursos naturales que la Argentina considera ilegales.

El nuevo proyecto legislativo buscará alcanzar no solamente a las compañías que participen directamente de las operaciones, sino también a empresas argentinas que puedan brindar servicios, apoyo logístico, asistencia técnica o infraestructura a proyectos desarrollados sin autorización argentina.

La ofensiva se apoya en la legislación vigente. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y posteriormente modificada, establece requisitos para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y contempla sanciones para quienes operen sin los permisos correspondientes. Entre las penalidades previstas se encuentran períodos de inhabilitación para desarrollar determinadas actividades en el país.

El Gobierno busca ahora reforzar ese esquema y acelerar los mecanismos de sanción frente al avance de los proyectos petroleros en el Atlántico Sur.

La cuestión adquirió mayor relevancia en las últimas semanas por el desarrollo de Sea Lion y por el nuevo escenario diplomático generado a partir de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posición de Washington frente a la disputa por las Islas Malvinas.

Con el envío del proyecto al Congreso, la administración Milei pretende convertir el reclamo por los recursos naturales de las islas en una política de mayor presión jurídica y económica sobre las compañías involucradas.