La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la ex presidenta y ratificó la sentencia por corrupción en la emblemática Causa Vialidad. Cristina Kirchner queda así firme y condenada como coautora de una maniobra de fraude contra el Estado en favor del empresario Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este lunes 10 de junio rechazar por unanimidad el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por su responsabilidad como coautora en el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que no hubo violación de garantías constitucionales ni arbitrariedad manifiesta en la actuación de los tribunales inferiores. La Corte no revisó el fondo del fallo, sino que se limitó a confirmar que el proceso judicial respetó el debido proceso legal, cerrando así la última instancia judicial en la causa más emblemática de corrupción contra un expresidente en la historia democrática argentina.

Una condena que ya había sido confirmada por Casación

Cristina Kirchner había sido condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— tras ser hallada penalmente responsable de una maniobra de defraudación al Estado en favor del empresario Lázaro Báez, quien recibió 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas (2003–2015).

El fallo fue confirmado en septiembre de 2023 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que calificó el caso como un "delito federal de corrupción". En su resolución, Casación destacó que Cristina Kirchner utilizó el aparato estatal “para fines personales” y transgredió sus deberes como jefa de Estado, perjudicando los intereses públicos a través de una estructura montada para el desvío de fondos.

Ante esa decisión, la defensa de la ex mandataria acudió a la Corte Suprema en queja, intentando revertir la condena. Pero el máximo tribunal consideró que no se evidenciaron vicios graves que habilitaran su intervención.

El rol de la Corte: no juzga, garantiza el debido proceso

La Corte Suprema dejó en claro que no tiene competencia para revisar sentencias confirmadas por tribunales inferiores, salvo en casos donde se compruebe una afectación directa a garantías constitucionales. En su resolución, los jueces afirmaron que “la sentencia condenatoria se encuentra fundada en elementos probatorios suficientes” y que el proceso respetó “las reglas del debido proceso penal acusatorio”.

“La participación de los jueces del tribunal de juicio fue consentida por las partes y no hubo planteos de imparcialidad que ameriten una revisión”, subraya el fallo, que pone punto final al recorrido judicial de la Causa Vialidad.

La Causa Vialidad y su impacto político

La causa que llevó a la condena de Cristina Fernández de Kirchner constituye uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente. La investigación judicial determinó que durante su mandato se articuló un esquema sistemático de direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz en favor de Báez, un empresario cercano al kirchnerismo, con contratos millonarios que muchas veces no fueron finalizados o presentaron sobreprecios notables.

Cristina Kirchner siempre negó los cargos y denunció una persecución judicial en su contra, afirmando que se trataba de una maniobra política y mediática. Sin embargo, los tribunales coincidieron en que hubo prueba documental y testimonial suficiente para condenarla.

Con este fallo, Cristina Kirchner queda inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos y con una condena de prisión firme, aunque no será detenida hasta tanto no se resuelva la ejecución de la pena, etapa que todavía debe abordar el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Un antes y un después en la política argentina

La ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema sienta un precedente histórico en la Argentina democrática: es la primera vez que una ex presidenta es condenada por corrupción en un fallo que ya no puede ser apelado. La decisión marca también el final del camino judicial para una de las figuras políticas más influyentes de las últimas dos décadas.

Este hito judicial vuelve a sacudir al escenario político argentino en un contexto marcado por el descrédito institucional, el desgaste de la clase dirigente y una ciudadanía cada vez más exigente con la rendición de cuentas.