La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este martes la condena impuesta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del caso Vialidad. Por mayoría, el tribunal desestimó el agravante de asociación ilícita, aunque confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El fallo también afectó a varios de los principales implicados en la causa, como el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, y el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, quienes recibieron la misma pena de seis años.

Durante la audiencia pública celebrada en los tribunales de Comodoro Py, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron las sentencias. Gustavo Hornos, uno de los miembros del tribunal, propuso sumar la figura de asociación ilícita, tal como había solicitado la Fiscalía, pero esta opción fue rechazada. El tribunal también ratificó las absoluciones de otros acusados, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas.

El caso Vialidad
El fallo confirma las condenas en el marco de una vasta operación de corrupción que se desarrolló entre 2003 y 2015, relacionada con la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Las licitaciones fueron manipuladas para beneficiar a empresas vinculadas a Lázaro Báez, quien se benefició económicamente con contratos millonarios en su provincia natal.

La acusación sostiene que funcionarios como José López y Nelson Periotti facilitaron la adjudicación de estos contratos de manera irregular, mientras que la expresidenta Cristina Kirchner, como máxima autoridad, aprobó medidas que habilitaron la maniobra corrupta. En particular, se destacó la firma del Decreto PEN 54/09, que permitió la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad en los contratos adjudicados, favoreciendo directamente a las empresas de Báez.

Próximos pasos y apelaciones
El fallo de Casación no será de ejecución inmediata. Las partes involucradas tienen diez días hábiles para apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal tendrá la última palabra en el caso y, en caso de confirmar la sentencia, se ejecutará de manera firme. Además, la sentencia también contempla el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, que serán destinados a cubrir los perjuicios económicos causados al Estado.

Este caso sigue siendo uno de los más emblemáticos de la historia reciente de la política argentina, con implicaciones de gran peso para la expresidenta, cuyos movimientos políticos y judiciales continuarán siendo monitoreados por la opinión pública.