WASHINGTON — El cierre parcial más largo en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) llegó oficialmente a su fin luego de que la Cámara de Representantes aprobara la legislación que restablece el financiamiento de agencias clave como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el Servicio Secreto, FEMA y la Guardia Costera. Posteriormente, el presidente Donald Trump promulgó la ley bipartidista.

Aunque existe alivio en los sectores de viajes y aviación, líderes de la industria advirtieron que el enfrentamiento político ya provocó importantes daños operativos y económicos, especialmente cuando Estados Unidos se prepara para recibir la Copa Mundial FIFA 2026 en pocas semanas.

El presidente y CEO de la U.S. Travel Association, Geoff Freeman, criticó al Congreso por permitir que la crisis se extendiera durante más de dos meses.

“Si bien el proyecto aprobado hoy restablece la certeza presupuestaria para gran parte del DHS, no hay verdaderos ganadores en un cierre gubernamental”, señaló Freeman en un comunicado oficial emitido el 30 de abril.

Según la organización, más de 1.100 agentes de la TSA abandonaron sus puestos durante los 76 días de cierre, generando escasez de personal, caída en la moral de los trabajadores y crecientes preocupaciones sobre la seguridad aeroportuaria ante la llegada masiva de visitantes internacionales esperados para el Mundial.

“Salimos de esta interrupción más débiles, no más fuertes”, agregó Freeman.

El cierre comenzó a mediados de febrero en medio de una fuerte disputa política en el Congreso relacionada con el financiamiento de políticas migratorias y agencias como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Aunque la nueva ley restablece el financiamiento para gran parte de las operaciones del DHS, los temas vinculados al control migratorio serán debatidos por separado en futuras legislaciones.

Durante el cierre, la industria turística advirtió reiteradamente que las operaciones aeroportuarias, los programas de viajeros confiables y la preparación de grandes eventos internacionales estaban siendo puestos en riesgo. Programas como Global Entry fueron suspendidos temporalmente, mientras que TSA PreCheck logró evitar interrupciones mayores.

Freeman también acusó a algunos legisladores de utilizar los cierres gubernamentales como herramienta política, advirtiendo que este tipo de estrategias tiene consecuencias reales para la seguridad nacional y para millones de viajeros.

“El Congreso debe garantizar que los agentes de la TSA y los controladores aéreos nunca más sean utilizados como rehenes políticos”, sostuvo.

El sector turístico estadounidense, junto a aerolíneas y operadores aeroportuarios, viene reclamando estabilidad presupuestaria para el DHS en momentos en que el país se prepara para uno de los eventos deportivos y turísticos más importantes de su historia. Distintos grupos de la industria señalan que, aunque el cierre terminó oficialmente, recuperar personal y normalizar las operaciones podría llevar varios meses.