Los procesos judiciales de reconocimiento de la ciudadanía italiana comenzaron con los denominados “casos 1948”, que buscaban corregir la discriminación de género en la transmisión de la ciudadanía. Con el tiempo, esta vía se consolidó como un mecanismo legítimo de defensa frente a la llamada “lista de espera infinita” de los consulados italianos.

Actualmente, con la entrada en vigor de la Ley Tajani n.º 74/2025, el debate se amplía hacia posibles cuestiones de inconstitucionalidad de dicha norma, lo que dará lugar a nuevos enfoques jurídicos y argumentos de defensa. Se prevé que, al haberse restringido —y no reorganizado— el canal administrativo, aumente significativamente la judicialización de las solicitudes de ciudadanía italiana.

Procedimiento y Competencia

El proceso judicial para obtener la ciudadanía italiana se desarrolla exclusivamente ante un tribunal en Italia, sin necesidad de que el descendiente del antepasado italiano (AVO) viaje desde su país de residencia.

Las personas residentes en el extranjero deben otorgar un poder notarial a un abogado habilitado para ejercer en Italia, quien las representará en el procedimiento judicial. Desde 2025, la jurisprudencia italiana permite que este poder se presente en el idioma original del otorgante, sin obligación de traducirlo al italiano.

La competencia territorial del tribunal depende del domicilio del solicitante:

• Residentes en el extranjero: el recurso debe presentarse ante el Tribunal correspondiente al Comune de nacimiento del AVO.
• Residentes o domiciliados en Italia: el recurso se presenta en el Tribunal del lugar de residencia del solicitante.

Las partes intervinientes en el proceso son el solicitante (futuro ciudadano italiano) y la Administración del Estado, representada por el Ministerio del Interior. En algunos casos, también puede participar el Ministerio Público.

Etapas del Procedimiento Judicial

El proceso se inicia con la presentación electrónica de la demanda y de la documentación probatoria ante el tribunal competente. Los documentos se escanean y se remiten digitalmente junto con el escrito de demanda, que detalla los fundamentos jurídicos y fácticos del caso.

El tribunal confirma la correcta presentación mediante correo electrónico certificado (PEC) y asigna un número de expediente, que permite seguir el progreso del proceso online, incluso mediante aplicaciones en teléfonos móviles.

Posteriormente, el tribunal fija la fecha de audiencia, instancia en la cual el juez examina la documentación y los argumentos presentados por el abogado. Puede requerir aclaraciones o documentación complementaria, especialmente en casos complejos. Como resultado de una orientación ideológico-doctrinaria que se originó antes de la entrada en vigor del Decreto Tajani, los jueces se inclinaban a pedir otros requisitos accesorios para demostrar un “vínculo genuino” con Italia.

En los últimos años, el Ministerio del Interior, que inicialmente tenía una participación irrelevante en el proceso, a través de la Avvocatura dello Stato, ha adoptado una postura más activa, presentando regularmente oposiciones.

La Sentencia n.º 142/2025 del Tribunal Constitucional italiano (31 de julio de 2025) ha puesto límites a las tendencias de exigir requisitos adicionales, reafirmando el principio fundamental de que la ciudadanía italiana se adquiere automáticamente por filiación, y que la ciudadanía italiana es un derecho originario, imprescriptible e irrenunciable.

Esto significa que, si la documentación acredita de manera fehaciente el vínculo de sangre y no existen impedimentos jurídicos, el reconocimiento de la ciudadanía no puede ser denegado.

Duración y Efectos de la Sentencia

En teoría, al tratarse de un procedimiento que no requiere un desarrollo probatorio complejo, el proceso judicial debería resolverse en plazos relativamente breves. Sin embargo, la acumulación de casos en algunos tribunales —como el de Venecia— y la remisión de cuestiones a la Corte Constitucional han generado dilaciones en los plazos de duración que inicialmente eran cortos.

Actualmente, la tramitación de cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Tajani podría prolongar los tiempos del proceso. En marzo de 2026, se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la norma. Si la Corte declara la ley inconstitucional, dicha decisión se aplicará automáticamente, lo que agilizaría los procesos futuros, aunque probablemente aumente el número de nuevas demandas y, por lo tanto, el tiempo para la celebración de las audiencias.

Notificación y Ejecución de la Sentencia

Una vez dictada la sentencia, el abogado del solicitante debe notificarla al Ministerio del Interior, que dispone de 30 días para interponer oposición (o 180 días si no se notifica). Si no se presenta oposición, la sentencia queda firme (passa in giudicato) y puede solicitarse el correspondiente certificado.

El tribunal ordena entonces la inscripción de la sentencia en el Comune correspondiente, que dispone de un plazo máximo de 180 días para transcribir las actas. Este trámite puede ser gestionado directamente por el abogado, lo que acelera la conclusión del procedimiento.

Con la transcripción final de la sentencia, el solicitante pasa a ser formal y legalmente reconocido como ciudadano italiano. El Comune emite un certificado de ciudadanía italiana, documento que oficializa el reconocimiento y permite ejercer plenamente los derechos derivados de esta condición.

Pablo Munini – Abogado inscripto al T°55 F°386 del Colegio Público de Buenos Aires