La tensión política entre el Gobierno central español y la ciudad autónoma de Ceuta escaló este lunes a un nuevo capítulo. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, endureció el tono de su enfrentamiento con Pedro Sánchez y fijó un plazo de 30 días para que el Ejecutivo adopte medidas concretas que permitan devolver la normalidad al enclave español en el norte de África, tras casi tres semanas de crisis humanitaria sin resolver.

Vivas, del Partido Popular y al frente del Gobierno de Ceuta desde 2001, denunció durante una rueda de prensa lo que calificó de "pasividad absoluta" del Ejecutivo central frente a la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva de cerca de 80.000 personas procedentes de Marruecos, ocurrida entre el 30 y el 31 de julio. "La impresión que tengo es que no se ha empezado. Y decimos 30 días porque me parece que es suficiente según los asesoramientos técnicos que hemos recibido", sostuvo el dirigente, quien remarcó que el episodio constituyó "un ataque a la integridad territorial de España".

Si transcurrido ese plazo el Gobierno no muestra una respuesta suficiente, Vivas adelantó que recurrirá a distintas instancias institucionales y judiciales, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, a cuyas presidentas solicitará ser recibido para trasladarles personalmente la situación de la ciudad. "Tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional", afirmó, aclarando que actuaría con "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". El mandatario ceutí también planteó la posibilidad de acudir a las Cortes Generales y a otras comunidades autónomas para reforzar su reclamo.

Entre las medidas concretas que exige, Vivas propuso movilizar a 50 funcionarios de Extranjería dedicados exclusivamente a tramitar expedientes de devolución, traslado o expulsión de los adultos que permanecen en la ciudad, lo que —según sus cálculos— permitiría procesar unos 3.750 expedientes por semana.

Cuatro nuevos espacios para 1.500 migrantes

En paralelo al ultimátum, el Gobierno central y el de la ciudad autónoma lograron un acuerdo puntual: la habilitación de cuatro nuevos emplazamientos para dar cobijo a parte de las personas que permanecen en la calle desde finales de julio, ante la insuficiencia de plazas disponibles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viajó a Ceuta para anunciar la medida y reunirse con Vivas, y confirmó que se trata de 1.500 plazas de "acogida humanitaria de carácter temporal y extraordinario". De los cuatro espacios, tres quedarán bajo responsabilidad del Ejecutivo central y uno a cargo de la propia ciudad autónoma, entre ellos la explanada de embolsamiento y las instalaciones de la Hípica.

Sin embargo, la cifra resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis: según trascendió, en la ciudad autónoma permanecerían aún miles de personas sin alojamiento adecuado, muy por encima de las plazas anunciadas.

Sánchez convoca a sus ministros por videoconferencia, sin García

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este lunes desde su residencia estival en Lanzarote una nueva reunión telemática con parte de su gabinete para hacer seguimiento de la crisis. Participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el canciller José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Migraciones, Elma Saiz —de visita en Ceuta ese mismo día—; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, única representante de Sumar en el encuentro.

La ausencia más comentada fue la de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya cartera tiene competencias directas sobre los servicios de salud pública en la ciudad autónoma y que había visitado Ceuta el domingo previo. La falta de presencia física de García y de Saiz en la ciudad durante gran parte de la crisis había generado críticas en los días previos, en momentos en que el sector sanitario ceutí advertía sobre un sistema al límite de su capacidad.

Un verano marcado por la tensión política

La gestión de la crisis migratoria se transformó en uno de los principales frentes de choque entre el PP y el Gobierno de coalición, en un contexto donde la oposición reclama mayor firmeza y el Ejecutivo defiende la magnitud de su despliegue, con más de 45.000 plazas disponibles a nivel nacional entre el sistema de acogida y el programa de atención humanitaria. Con la frontera aún bajo fuerte vigilancia y Marruecos manteniendo un intenso dispositivo del otro lado, Ceuta se consolidó como uno de los principales focos de tensión política de este verano español, con un plazo que ahora corre en contra del Gobierno de Sánchez.