Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% a las importaciones, horas después de que la Supreme Court of the United States anulara la mayor parte de los gravámenes internacionales establecidos el año pasado por su administración.

En una decisión 6-3, el máximo tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad ejecutiva al aplicar aranceles globales invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 que habilita al presidente a regular transacciones económicas en situaciones de emergencia nacional.

El fallo representa un revés significativo para la agenda comercial de Trump y abre la puerta a potenciales devoluciones multimillonarias de aranceles a empresas y estados que impugnaron las medidas ante la Justicia.

La Corte Suprema limita el poder arancelario del Ejecutivo

El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo en la opinión mayoritaria que el Congreso no otorgó de forma explícita al presidente la facultad de imponer aranceles de alcance global bajo la IEEPA.

“Cuando el Congreso ha delegado su poder arancelario, lo ha hecho en términos explícitos y sujetos a límites estrictos”, escribió Roberts, subrayando que la potestad tributaria corresponde principalmente al Poder Legislativo.

A la mayoría se sumaron los tres jueces liberales y dos magistrados conservadores designados por Trump, entre ellos Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Tres jueces conservadores votaron en disidencia.

El nuevo arancel del 10% y el escenario legal

Desde la Casa Blanca, Trump calificó la decisión como “terrible” y aseguró que recurrirá a “alternativas legales” para sostener su política comercial. Confirmó que avanzará con un nuevo esquema de arancel global del 10%, mientras anticipó que cualquier proceso de devolución de impuestos podría quedar atado a litigios durante años.

Los aranceles originales habían comenzado focalizados en México, Canadá y China, antes de ampliarse a decenas de socios comerciales en lo que el presidente denominó “Liberation Day” el pasado abril.

Empresas y gobiernos estatales argumentaron que la IEEPA no menciona expresamente la palabra “aranceles” y que el Congreso no delegó una autoridad abierta para reestructurar acuerdos comerciales vigentes.

Tras conocerse el fallo, los mercados financieros reaccionaron positivamente. El índice S&P 500 cerró con una suba cercana al 0,7%, reflejando alivio ante la reducción de la incertidumbre jurídica.

Pequeñas empresas que participaron en la demanda celebraron la decisión con cautela. Directivos del sector manufacturero señalaron que, si bien el fallo ofrece previsibilidad, la normalización de las cadenas de suministro podría demorar varios meses.

El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial introduce un nuevo capítulo en el debate sobre los límites constitucionales de la política arancelaria en Estados Unidos.

Analistas advierten que la persistente incertidumbre en materia de aranceles podría influir en la inflación, las decisiones de inversión industrial y la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

Con la Casa Blanca decidida a avanzar en nuevos mecanismos legales para sostener su estrategia, el comercio internacional y los mercados seguirán atentos a los próximos movimientos en Washington.