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EE.UU. solicitará una fianza de hasta 15.000 dólares a ciertos viajeros para obtener la visa por turismo o negocios
El Departamento de Estado de Estados Unidos implementará un nuevo programa piloto que podría exigir a determinados solicitantes de visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo) el pago de una fianza de hasta 15.000 dólares para ingresar al país. La medida, que comenzará a regir el 20 de agosto de 2025 y se extenderá por un año, apunta a reducir el número de personas que permanecen en EE.UU. más allá del tiempo autorizado por su visa.
Esta política afecta a viajeros procedentes de países con altas tasas de estadías irregulares o cuyos procesos de verificación de identidad son considerados insuficientes por las autoridades estadounidenses. Los solicitantes deberán depositar un bono reembolsable de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, según su perfil y a criterio de los funcionarios consulares.
Aunque aún no se ha publicado la lista definitiva de países afectados, ya se confirmó que ciudadanos de Malawi y Zambia deberán cumplir con esta nueva exigencia. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, naciones como Chad, Laos, Haití, Colombia, Venezuela y República Dominicana figuran entre las que presentan mayores niveles de sobreestadía de visas B.
El gobierno del expresidente Donald Trump, que regresó al poder en 2025, impulsa este programa como parte de su agenda migratoria. En paralelo, ya se implementó una nueva "tasa de integridad" de 250 dólares para la mayoría de los solicitantes de visa, lo cual ha generado fuertes críticas del sector turístico.
Expertos en políticas migratorias advierten que estas medidas podrían desalentar el turismo internacional, afectando directamente a la economía de ciudades como Las Vegas, que ya reportó una caída del 11% en visitantes internacionales entre junio de 2024 y junio de 2025. La Asociación de Viajes de EE.UU. alertó que el país podría convertirse en uno de los destinos con mayores costos de visado en el mundo, perdiendo competitividad frente a otros mercados.
El Departamento de Estado considera el programa como una “herramienta diplomática” que busca motivar a los gobiernos extranjeros a mejorar sus mecanismos de control migratorio y garantizar el retorno de sus ciudadanos una vez vencida su estadía autorizada.