América Latina se ha visto desbordada por la masiva huida de ciudadanos del país caribeño, donde por la crisis, alrededor de 3,7 millones de ciudadanos padecen hambre. La situación ha generado tensión social que se incrementa, sobre todo en la frontera con Brasil donde ya se acumulan centenares que salen de su país cada día ante lo que se ha consolidado como una debacle económica.

El último informe de presentado este martes en Roma por la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO); UNICEF; el programa Mundial de Alimentos (PMA); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desnuda una situación que desde 2015 no ha hecho más que acentuarse y ahora se extiende a todo el continente poniendo en jaque las capacidades de los diferentes gobiernos para contener una realidad que puede pasar de foco a explosión en cualquier momento. Sólo aquellos preparados, muy pocos, serán capaces de resistir este ventarrón de cola cuyo único responsable es el régimen socialista hoy en manos de Nicolás Maduro enzarzado por la inactividad de los organismos internacionales, el silencio oportunos de una serie de mandatarios regionales y una oposición dispersa y casi inexistente.

Los emigrantes venezolanos son cada vez más numerosos y también se enfrentan a cada vez más dificultades. La velocidad con la que se desenvuelve esta oleada complica la tarea de los Gobiernos de contabilizar cuantos huyen del país, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que, al mes de junio, la cifra ya rondaba los 2,3 millones de personas. En julio, por ejemplo, el gobierno de Colombia registraba la entrada de unos 50.000 venezolanos al día a través de sus diferentes fronteras, unos 30.000 se han quedado en el territorio limítrofe de Roraima, capital del estado de Boa Vista en Brasil donde se han vivido episodios graves de violencia, Perú, Chile y Argentina son -después de Colombia- los países de la región con mayor presencia de venezolanos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.

Con número como estos, las dificultades son cada vez más, más grandes y se acumulan. Lejos de interrumpirse, el flujo no merma y los gobiernos avanzan en reacciones espasmódicas como intento de poner orden en la entrada de venezolanos. Estas medidas se explican, en parte, por razones de seguridad pública, pero también buscan aliviar la presión que la llegada masiva de personas genera sobre los servicios públicos de los países receptores. Ecuador comenzó a exigir un pasaporte "válido y vigente" para aquellos venezolanos que quieran ingresar en ese país, las autoridades de Perú anunciaron que a partir del próximo 25 de agosto también exigirán un pasaporte válido, desde febrero de este año Colombia también les exige que presenten su pasaporte al momento de ingresar al país. En abril pasado, el gobierno de Chile anunció la creación de la "visa de responsabilidad democrática" destinada a aquellos que quisieran trabajar y permanecer de forma temporal en el país. En 2017, el gobierno de Panamá comenzó a exigir una visa estampada para todos los venezolanos que quisieran visitar ese país por un periodo máximo de 30 días.

Con un frente abierto que resolver, en Argentina organizaciones como Alianza por Venezuela buscan ayudar al Estado nacional y contener a quienes llegan escapando de esa cruda realidad. Para profundizar sobre ésta situación, compartimos la entrevista con Carlos Moreno, dirigente de Alianza.