Washington, D.C. — En medio de una creciente crisis en los aeropuertos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para pagar “de inmediato” a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), mientras el Senado aprobó un financiamiento parcial para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El anuncio del mandatario, que calificó la situación como una “emergencia nacional” en los aeropuertos, se produjo en paralelo a una sesión extraordinaria del Senado que permitió destrabar parcialmente el cierre gubernamental que afecta al DHS.

La orden presidencial busca garantizar el pago de más de 50.000 trabajadores de seguridad aeroportuaria que llevan semanas sin salario debido al bloqueo presupuestario en el Congreso, lo que ha provocado renuncias, ausencias masivas y demoras récord en los controles.

El Senado avanza, pero el conflicto sigue

En simultaneo, el Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada un paquete de financiamiento que garantiza recursos para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la mayoría de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio del cierre parcial del gobierno.

La medida, aprobada por unanimidad, excluye el financiamiento para áreas clave de control migratorio como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Patrulla Fronteriza, que siguen siendo el principal punto de conflicto político.

El líder de la mayoría republicana, John Thune, afirmó que el acuerdo permitirá reactivar gran parte de las operaciones federales mientras continúan las negociaciones.

El cierre parcial del DHS, vigente desde febrero, ha generado un fuerte impacto en el sistema aeroportuario estadounidense. Cientos de agentes han renunciado y los tiempos de espera alcanzaron niveles históricos, con pasajeros perdiendo vuelos en distintos puntos del país.

¿Cuándo cobrarán los empleados de la TSA?

Aunque el presidente Donald Trump ordenó el pago “inmediato” a los agentes de la TSA, en términos administrativos federales esto no implica un depósito el mismo día. Si la medida se implementa con rapidez y sin trabas adicionales, los salarios podrían comenzar a procesarse en un plazo estimado de 24 a 72 horas. Sin embargo, si el pago depende del circuito completo de aprobación —incluyendo la validación final del Congreso y la ejecución por parte del Tesoro—, el proceso podría extenderse varios días o incluso entre una y dos semanas.

El factor determinante no es únicamente político, sino también operativo. El sistema federal deberá reprocesar nóminas atrasadas, reactivar los mecanismos de pago y normalizar plantillas de personal, en un contexto donde ya se registran ausencias y renuncias. Por ello, aun con la orden en marcha, la normalización efectiva de los pagos podría no ser inmediata, reflejando la complejidad administrativa detrás de la crisis.