En la décima edición del Foro Ketagalan: Diálogo de Seguridad del Indo-Pacífico 2026, celebrado en Taipéi, el presidente Lai Ching-te llamó a fortalecer la cooperación entre las democracias para preservar la paz, la libertad y la estabilidad regional. El encuentro reunió a dirigentes, legisladores y expertos de Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y América Latina.

El llamado se produjo en un contexto marcado por la entrada en vigor en China de una nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, cuyo artículo 63 contempla responsabilidades legales para personas y organizaciones fuera del territorio chino. Para Taiwán, esta normativa representa una nueva forma de presión y refuerza la necesidad de una respuesta internacional coordinada frente a la expansión del autoritarismo y la persecución transnacional de voces críticas.

El 1 de julio entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, una normativa de 65 artículos aprobada en marzo por el Congreso Nacional del Pueblo. Su artículo más controvertido, el 63, establece que organizaciones e individuos fuera del territorio chino que "socaven la unidad étnica o generen división étnica" pueden ser responsabilizados legalmente según la ley china, sin importar en qué país residan. En la práctica, esto significa que un periodista, un académico o un activista en cualquier lugar del mundo que critique las políticas de Beijing hacia Xinjiang, Tíbet, Hong Kong o Taiwán podría, en teoría, quedar expuesto a una persecución legal china. El Ministerio de Justicia de Beijing rechazó las acusaciones de estar creando una "jurisdicción de largo alcance", calificándolas de infundadas, pero la norma ya generó rechazo de organizaciones de derechos humanos y de gobiernos democráticos.

Para Taipéi, la ley no es un asunto interno chino, sino una nueva herramienta de presión hacia la isla y hacia cualquier voz crítica en el mundo. Así lo planteó el presidente Lai Ching-te el 4 de agosto, al inaugurar la décima edición del Foro Ketagalan: Diálogo de Seguridad del Indo-Pacífico 2026, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA) y el Instituto de Investigación Económica de Taiwán. Según el propio MOFA, Lai afirmó que Taiwán seguirá salvaguardando los valores de la libertad y la democracia, manteniendo la paz y la estabilidad regionales y promoviendo la prosperidad mundial, y remarcó ante medios locales que la isla no aceptará la "infiltración del frente unido" ni el avance de lo que definió como "terror rojo" hacia su territorio. 

El canciller Lin Chia-lung reiteró en el mismo encuentro el compromiso del Gobierno con una diplomacia integrada y de valor agregado, orientada a reforzar las defensas de Taiwán frente a lo que calificó como agresión china. La vicepresidenta Hsiao Bi-khim, durante el almuerzo del foro, llamó a la unidad de las democracias frente al expansionismo autoritario, en línea con lo que había expresado días antes sobre que Taiwán no es una isla librada a merced de las corrientes autoritarias.

Qué pasó en el Foro Ketagalan

El encuentro, que se celebró en el hotel Grand Hyatt de Taipéi, reunió a doce figuras políticas, legisladores y expertos de nueve países de Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y América Latina. Entre los oradores principales estuvieron el primer ministro de Esuatini, Russell Dlamini, quien destacó los prolongados lazos entre su país y Taiwán —uno de los pocos aliados diplomáticos que le quedan a la isla—; el excongresista estadounidense Michael McCaul, presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que subrayó la importancia de la Ley de Relaciones con Taiwán como pilar del vínculo bilateral; la exviceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, que expresó su rechazo a la ley china; y la expremier de Finlandia, Sanna Marin, en su primera visita a la isla, quien agradeció y expresó su admiración por el coraje de Taiwán en la defensa de valores compartidos, trazando un paralelismo con la experiencia finlandesa de vivir bajo la sombra de un vecino mucho más poderoso. 

El foro también incluyó tres paneles de debate con figuras políticas actuales y retiradas de Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia y Eslovaquia, centrados en la resiliencia democrática, la cooperación de seguridad en el Indo-Pacífico y la construcción de cadenas de suministro "no rojas". El momento más simbólico llegó cuando Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), y Gen Nakatani, copresidente de la organización por Japón y exministro de Defensa nipón, entregaron personalmente a Lai una declaración conjunta que insta a los países democráticos a responder de forma unificada tanto a la nueva ley china como a los desafíos que plantea la represión transnacional ejercida por Beijing.

Lo ocurrido en Taipéi merece una lectura que vaya más allá de la coyuntura bilateral entre Beijing y Taipéi. Cuando una potencia se arroga por ley la facultad de perseguir a cualquier persona, en cualquier país, por opinar sobre sus políticas internas, el problema deja de ser un asunto doméstico chino para convertirse en una cuestión que interpela directamente a la libertad de prensa, la libertad académica y el derecho a disentir en cualquier rincón del planeta. No es casual que la agresión sufrida por el periodista japonés Akio Yaita en Taiwán, apenas cinco días después de la entrada en vigor de la norma, haya sido interpretada por la prensa local como una primera muestra tangible de ese clima de amedrentamiento.

La respuesta coral de este Foro Ketagalan —con voces tan diversas como las de Esuatini, Estados Unidos, Canadá y Finlandia— es un signo alentador de que Taiwán no está tan sola como Beijing quisiera. Pero las declaraciones, por sí solas, no alcanzan. El pedido concreto que surge de Taipéi y de IPAC es claro: que los países democráticos declaren de manera conjunta y explícita que esta ley china carece de todo efecto jurídico dentro de sus territorios. Es una demanda razonable, y también una prueba de coherencia para gobiernos que dicen defender el estado de derecho y la libertad de expresión como valores universales. Taiwán, una democracia consolidada que ha sabido sostenerse en una región cada vez más hostil, viene marcando el rumbo en esta discusión. Vale la pena que el resto del mundo, incluida América Latina, le preste la atención que merece.