En una cadena nacional transmitida este jueves, el presidente Javier Milei presentó uno de los proyectos que considera centrales para su programa económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria, impedir el financiamiento del Tesoro mediante emisión y establecer nuevos mecanismos para preservar el equilibrio fiscal.

Durante su discurso, Milei definió la reforma como "el fin de la estafa de financiar a la alta política" y sostuvo que el objetivo es impedir que futuros gobiernos utilicen al Banco Central para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria. Según afirmó, esa práctica explica buena parte de la inflación crónica que sufrió Argentina durante las últimas décadas.

El mandatario volvió a cuestionar duramente las modificaciones introducidas en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Carta Orgánica amplió las funciones del Banco Central para incluir objetivos de crecimiento económico y empleo, además de la estabilidad monetaria. Milei aseguró que aquella reforma permitió utilizar reservas y emisión para financiar al Estado y acusó a la expresidenta y a la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, de haber provocado un fuerte perjuicio patrimonial al país. En ese contexto reiteró la denuncia política de que se "robaron 10.000 millones de dólares", una afirmación que forma parte de su discurso político y que no fue respaldada durante la cadena con documentación judicial o una sentencia firme.

Los principales cambios propuestos

El proyecto oficial contempla una transformación estructural del funcionamiento del Banco Central. Entre los principales puntos se destacan:

• Restablecer como único mandato del BCRA la preservación del valor de la moneda.
• Prohibir el financiamiento directo e indirecto del Tesoro mediante emisión monetaria.
• Limitar los adelantos transitorios y otros mecanismos utilizados para asistir al Estado.
• Eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles.
• Reforzar la independencia institucional del Banco Central, dificultando la remoción de sus autoridades mediante mayores exigencias parlamentarias.
• Incorporar sanciones para quienes violen las nuevas restricciones al financiamiento monetario del déficit. 

El "grillete fiscal" y el modelo de "shutdown"

Otro de los ejes del mensaje presidencial fue la explicación del denominado "grillete fiscal", una propuesta destinada a impedir que el Estado incurra nuevamente en déficit.

Milei anunció además que enviará un proyecto complementario inspirado en el sistema de shutdown utilizado en Estados Unidos. La iniciativa modificaría la Ley de Administración Financiera para impedir el funcionamiento normal de la administración nacional cuando no exista un presupuesto aprobado o cuando se incumplan determinadas reglas fiscales. El Gobierno sostiene que este mecanismo busca obligar a la dirigencia política a mantener el equilibrio de las cuentas públicas, mientras que sectores opositores ya anticiparon cuestionamientos por su eventual impacto institucional y constitucional.

Un mensaje dirigido al Congreso y a los mercados

Durante la cadena nacional, Milei volvió a responsabilizar al Congreso por haber acompañado durante décadas políticas de expansión del gasto público y sostuvo que la nueva legislación pretende evitar que futuros gobiernos reviertan el esquema de disciplina fiscal impulsado por su administración. También destacó el trabajo conjunto realizado con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la elaboración del proyecto.

Para el Gobierno, la reforma constituye uno de los pilares institucionales del programa económico junto con el equilibrio fiscal, la desregulación económica y la futura reforma del mercado de capitales. La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo, donde deberá reunir el respaldo parlamentario para convertirse en ley.