El Gobierno de Pedro Sánchez enfrentó este viernes un nuevo episodio de tensión interna luego de que el Consejo de Ministros extraordinario se iniciara con más de dos horas de retraso, tras el rechazo inicial de los ministros de Sumar a participar en la reunión.

El conflicto se originó por las diferencias entre el ala socialista del Ejecutivo y la coalición liderada por Yolanda Díaz, en torno al contenido del decreto destinado a mitigar el impacto económico de la guerra en Irán.

Disputa por medidas sociales y energéticas

Según fuentes gubernamentales, los representantes de Sumar se negaron a ingresar al Consejo al considerar insuficiente el texto presentado por el sector socialista, que no incluía medidas clave como la protección a los inquilinos ni el control de los márgenes empresariales en el sector energético.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, había anticipado la presión del espacio político para incorporar medidas sociales más contundentes, en especial en materia de vivienda.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostuvo que el decreto debía limitarse a aquellas iniciativas con consenso parlamentario, lo que profundizó el desacuerdo dentro de la coalición.

Negociaciones contrarreloj

Durante más de dos horas, las distintas facciones del Gobierno mantuvieron negociaciones para destrabar la situación, lo que finalmente permitió el inicio de la reunión cerca de las 11:40 horas, con la participación de todos los ministros.

El paquete de medidas en discusión apunta principalmente a amortiguar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Irán, incluyendo rebajas del IVA en combustibles y ayudas a sectores estratégicos como transporte, agricultura, pesca e industrias intensivas en energía.

Un decreto bajo presión política

El episodio deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para sostener consensos internos en un contexto internacional complejo, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Además, el decreto ya enfrenta críticas por parte de la oposición, que cuestiona tanto el alcance de las medidas como la demora en su implementación.

La crisis política dentro del Gobierno español refleja el delicado equilibrio de su coalición y anticipa nuevas tensiones en la gestión de políticas económicas y sociales en medio de un escenario global cada vez más desafiante.