El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria in extremis contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, que dispuso que el Gobierno destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

La decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno nacional devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado generó malestar en la oposición, pero también la crítica de varios abogados constitucionalistas, que señalaron que esta desobediencia “es causal de juicio político”.

 Elisa Carrió dijo que presentará una denuncia penal contra el Presidente Fernández mientras que Patricia Bullrich expresó que “ante el desacato del Gobierno al fallo de la Corte, cualquier fiscal ahora debería imputar al tesorero de la nación, diciéndole que debe enviar inmediatamente los fondos”.

Mauricio Macri dijo hace pocas horas que "las sentencias no se discuten, se cumplen" y explicó que "la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía".

"Cuando a fines de 2015, apenas habíamos asumido, la Corte dictó un fallo millonario por coparticipación, no busqué excusas, y mucho menos embarqué al país en una crisis institucional. Confiamos en la Justicia", recordó.