Madrid — El Gobierno de España se prepara para dar un paso de alto impacto en su política migratoria. El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras que ya residen en el país sin autorización administrativa, según estimaciones oficiales y datos de organismos independientes.

La medida, fruto de un acuerdo político entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos, retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas y apoyada por una amplia mayoría parlamentaria, aunque había quedado bloqueada durante meses. A diferencia de una ley ordinaria, el real decreto no requerirá convalidación posterior en el Congreso de los Diputados, lo que permitirá una aplicación más rápida del proceso.

Quiénes podrán acceder a la regularización

El decreto establece criterios amplios pero definidos. Podrán acogerse a la regularización aquellas personas que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y demuestren una permanencia mínima de cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud.

Para justificar esa permanencia, la normativa aceptará una amplia variedad de documentos: certificado de empadronamiento, informes médicos, justificantes de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, billetes de transporte o comprobantes de envío de dinero, entre otros. El plazo para solicitar la regularización se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

Efectos inmediatos y derechos asociados

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es su impacto inmediato sobre la situación administrativa de los solicitantes. Desde el momento en que se presente la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión vinculadas a infracciones administrativas o a la falta de permiso de trabajo.

Una vez admitido el trámite, se concederá una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Si la resolución final es favorable, el beneficiario obtendrá una autorización de residencia por un año, con la posibilidad de pasar posteriormente al régimen ordinario de extranjería.

Impacto social y debate político

Según un informe reciente de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a comienzos de 2025, por lo que alrededor del 60 % podría verse beneficiado por esta iniciativa. Desde el Gobierno sostienen que la medida refuerza un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración social y compatibilidad con el crecimiento económico y la cohesión social.

Podemos, por su parte, celebra el acuerdo como uno de los mayores logros de la legislatura y subraya que la regularización era una condición indispensable para cualquier negociación futura sobre competencias migratorias, especialmente en el contexto del debate territorial.

La oposición, en cambio, ha reaccionado con dureza. El Partido Popular considera que la regularización supone una “mala decisión política” y acusa al Ejecutivo de utilizarla como cortina de humo frente a otros problemas de la agenda nacional, cuestionando además su impacto en la convivencia y el control migratorio.

Más allá del cruce político, la aprobación del decreto abrirá un proceso administrativo de gran magnitud y marcará un punto de inflexión en la gestión de la inmigración en España, con consecuencias sociales, económicas y laborales que se irán evaluando a lo largo de los próximos meses.