En menos de 48 horas, el panorama político español ha dado un giro crítico tras la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión preventiva a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los hombres más cercanos al expresidente Pedro Sánchez. El motivo: su presunta implicación en una red de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares durante la gestión del exministro José Luis Ábalos, en el marco del llamado "caso Koldo".

Según fuentes judiciales y de la Guardia Civil, Cerdán está acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, con pruebas que apuntan al cobro de comisiones y pagos ilícitos por más de 600.000 euros vinculados a contrataciones públicas durante la pandemia. El vehículo clave de estos manejos fue la adjudicación de contratos de emergencia para la compra de material sanitario, varios de los cuales están siendo auditados y judicializados.

Una grieta en la coalición de Gobierno

El impacto político ha sido inmediato. La coalición entre el PSOE y Sumar, ya debilitada por tensiones internas, enfrenta ahora una crisis de confianza. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, calificó la situación como "gravísima" y denunció la falta de respuesta política clara por parte del partido socialista. En la reunión de emergencia entre ambas fuerzas, Sumar exigió la creación inmediata de una agencia estatal anticorrupción, medida que el PSOE aún no ha respaldado de forma contundente.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, intentó minimizar el alcance institucional del escándalo:

“No se puede extender una sombra de sospecha a todo el partido por los actos de tres personas”, declaró en entrevista con Cadena SER.

No obstante, la presión crece desde todos los frentes. Tanto desde las bases socialistas como desde los partidos de oposición se reclama una respuesta ejemplar y estructural que frene el desgaste institucional.

¿Montaje político o corrupción sistémica?

La controversia se intensificó cuando José Félix Tezanos, presidente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), sugirió públicamente que el caso podría ser parte de un montaje político. Si bien aclaró que se debe esperar a las resoluciones judiciales, sus palabras han sido leídas como un intento de blindaje político frente al escándalo.

Mientras tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanza con 26 registros y nuevas diligencias que podrían implicar a más funcionarios y excolaboradores de alto nivel del PSOE. Las investigaciones revelan una red de favores y pagos indebidos, centrados en el entorno de Ábalos y presuntamente tolerados por algunos estamentos del poder.

El futuro del Gobierno en juego

Este sábado, el Comité Federal del PSOE se reunirá en un ambiente de máxima tensión. Se esperan anuncios clave en materia de transparencia, sanciones internas y posibles cambios en el gabinete. La oposición, liderada por el Partido Popular y VOX, ha pedido la dimisión de funcionarios implicados y ha planteado la posibilidad de impulsar una moción de censura si no hay respuesta clara del Ejecutivo.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno de coalición, sino también la credibilidad de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía. El "caso Koldo" ya no es solo un tema judicial: se ha convertido en una prueba crítica de gobernabilidad en uno de los momentos más delicados de la política española reciente.