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Sánchez dice que se guiará por la "concordia" y el "diálogo" y no por la venganza para decidir sobre los indultos del procés
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose en los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana", y no por "venganza" ni "revancha"
Pedro Sánchez se ha referido a la decisión que ha de adoptar el Ejecutivo en relación con esos indultos en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión se adoptará cuando proceda, pero ha insistido en que tiene muy claros los principios en los que va a fundamentar su decisión.
El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha avisado a Pedro Sánchez que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra los indultos del procès, si es que se aprueban, subrayando que hay muchos precedentes en los que el Supremo ha estimado estos recursos contra una medida del Gobierno.
Bal, en una rueda de prensa en el Congreso, ha cargado contra el Ejecutivo por ir abonando el terreno para que los indultos "caigan en la sociedad española como algo normal", al referirse a las afirmaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
"Mire, señor ministro, el indulto está para otra cosa, cuando una condena es exagerada o no cumple con la finalidad de la pena porque el condenado está reinsertado", ha puesto como ejemplo, pero no es una medida "para pagar favores a ERC por sostener su gobierno".
No es una moneda de cambio, ha insistido Bal, al recordar además al PSOE que en su código ético está incluido que esta medida de gracia no se puede otorgar a quienes hayan cometido un delito grave, como es el caso de los presos del procés, ha dicho.
Precisamente, ese es uno de los aspectos que recoge la propuesta de ley integral de lucha contra la corrupción que promueve Ciudadanos: que los indultos no beneficien a personas con delitos graves y que éstos estén motivados y dejen de ser "una concesión graciosa del Gobierno" como recoge la ley de 1870.