Madrid — La acusación popular en la causa que involucra a Begoña Gómez solicitó una pena de 24 años de prisión por cuatro delitos, en el marco de un proceso judicial que también alcanza a su entorno cercano y a un empresario vinculado al caso.

El escrito fue presentado tras el cierre de la instrucción dispuesto por el juez Juan Carlos Peinado, quien propuso llevar a juicio a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa será elevada a un tribunal con jurado.

La acusación, coordinada por la organización Hazte Oír, también pidió 22 años de cárcel para la asesora Cristina Álvarez, investigada por los mismos delitos, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se le atribuyen los cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, la acusación solicitó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo en el juicio, al considerar relevante su relación con la acusada y el uso de la sede gubernamental como ámbito de interacción en el desarrollo de los hechos investigados.

En paralelo, la defensa de Begoña Gómez presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita la nulidad del cierre de la instrucción. En su escrito, sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales, en particular el derecho a la defensa, y cuestiona la existencia de indicios sólidos que sustenten las acusaciones.

Asimismo, su asesora Cristina Álvarez también presentó un recurso en el que pide el archivo de la causa y rechaza que el caso sea juzgado por un tribunal popular.

El proceso judicial se encuentra ahora en una fase clave, con la posible apertura de juicio oral y una creciente atención política y mediática en España.