Dos exprocuradores generales conservadores y parlamentarios secundarios han calificado la amenaza del gobierno de imponer sentencias de cárcel de 10 años a los viajeros que intentan ocultar los viajes desde los puntos calientes del coronavirus como desproporcionados y un abuso de poder.

Matt Hancock ha anunciado el requisito de que los residentes del Reino Unido que regresen a Inglaterra desde 33 países de la “lista roja” paguen £ 1,750 para ser puestos en cuarentena durante 10 días en hoteles designados por el gobierno. El secretario de Salud dijo el martes que quienes sean sorprendidos mintiendo sobre sus movimientos podrían ser multados con £ 10,000 o ser encarcelados por 10 años.

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El ex fiscal general Dominic Grieve dijo que esa sentencia era "completamente desproporcionada".

Hablando en el programa Today de BBC Radio 4, dijo: "El gobierno no debería abusar de los poderes que ha tomado a través del Parlamento para esta emergencia para crear delitos, que están sujetos a ese tipo de sanciones".

Añadió: "Mi opinión es que el buen gobierno tiene que ver con la proporcionalidad y sonar de esta manera con sugerencias de sentencias draconianas y completamente desproporcionadas por un delito es un error".

Grieve también predijo que los tribunales no impondrían tales sentencias.

Sir Geoffrey Cox, quien sucedió a Grieve como el primer fiscal general de Boris Johnson, le dijo al Telegraph: “Entiendo que el secretario de estado quiere demostrar que esto es serio, pero hay que tener en cuenta el equilibrio general de la política y la ley de sentencia. "