Bogotá – El presidente Gustavo Petro ha oficializado un incremento sin precedentes en el salario mínimo en Colombia, fijándolo en dos millones de pesos mensuales para el año 2026, incluyendo el auxilio de transporte. Este ajuste, decretado el 29 de diciembre de 2025, representa un aumento de aproximadamente 23,8%, la cifra más alta en décadas en el país andino y supera ampliamente los incrementos de años anteriores. 

La medida, adoptada por decreto tras el fracaso de la mesa de negociación tripartita entre empresarios, sindicatos y el Gobierno, beneficiará a alrededor de 2,4 millones de trabajadores formales. Según el decreto, el salario base pasará de cerca de 1,42 millones de pesos a 1,75 millones, sumando el auxilio de transporte hasta alcanzar los 2 millones de pesos mensuales.

En su alocución, Petro defendió el aumento argumentando que responde a “estándares internacionales del salario mínimo vital”, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas para trabajadores y sus familias. El mandatario afirmó que un ingreso adecuado puede reducir la pobreza y fortalecer el consumo interno. 

No obstante, la decisión ha generado un profundo debate público y técnico. Gremios empresariales y asociaciones bancarias, como Asobancaria, han advertido sobre posibles riesgos económicos, advirtiendo que un incremento tan elevado podría presionar al alza la inflación, restringir la política monetaria del Banco de la República, y afectar el acceso al crédito y la competitividad empresarial.

El contexto económico en Colombia se caracteriza por una inflación todavía alta y una política monetaria contractiva, con tasas de interés elevadas para contener los precios. Analistas señalan que los aumentos salariales por encima de la inflación y de los índices de productividad pueden traducirse en mayores costos laborales y ajustes de precios en bienes y servicios. 

El debate también se intensifica en torno a la informalidad del mercado laboral, que en Colombia supera el 50% de la fuerza laboral activa. Algunos expertos advierten que el aumento del salario mínimo podría elevar el umbral de entrada a la formalidad y empujar a empresas de menor tamaño hacia la informalidad o a la reducción de contrataciones. 

Este ajuste salarial se da en un momento crítico previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2026, y constituye la última gran decisión económica de Petro antes de dejar el cargo. La medida, catalogada por el gobierno como un acto de justicia social, se enfrenta ahora al escrutinio de mercados, economistas y sectores productivos, que evalúan si Colombia podrá equilibrar el bienestar inmediato con la estabilidad macroeconómica a mediano plazo.