Madrid.- Lo que debía ser una jornada festiva y el broche de oro de la Vuelta Ciclista a España 2025 terminó en caos, disturbios y un terremoto político. Miles de manifestantes propalestinos irrumpieron en la última etapa en Madrid, obligando a suspender el recorrido y dejando una estela de críticas cruzadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusado por la oposición de “alentar” las protestas.

La etapa final de la Vuelta, tradicionalmente un desfile triunfal para los ciclistas, se convirtió en un episodio sin precedentes. Cuando el pelotón encabezado por el danés Jonas Vingegaard avanzaba hacia la meta en el centro de Madrid, grupos de manifestantes invadieron la calzada, derribaron vallas y colocaron obstáculos para impedir el paso.
La policía intervino para despejar el recorrido, pero los enfrentamientos dejaron al menos 22 agentes heridos y dos personas detenidas, según datos oficiales. Con el caos instalado y riesgos para corredores y público, la organización decidió suspender la etapa a 56 kilómetros de la llegada.

Pedro Sánchez, en el centro del huracán

Lejos de condenar la protesta, el presidente español defendió el lunes “la movilización pacífica” de la sociedad civil española contra “la injusticia” y reiteró que hasta que no cese “la barbarie” ni Israel ni Rusia deberían participar en competiciones deportivas internacionales.
“Sentimos una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta a España. Pero también sentimos un inmenso respeto por una sociedad civil que se moviliza contra la injusticia”, declaró Sánchez ante parlamentarios socialistas.

Estas palabras encendieron aún más la controversia. Para la oposición, fueron la confirmación de que el Gobierno no solo toleró sino que alentó las protestas que terminaron paralizando uno de los eventos deportivos más importantes del país.

La oposición carga con dureza

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció que “un presidente del Gobierno no puede alentar disturbios en su país para tapar casos de corrupción”. También acusó a Sánchez de “usar la marca España” y poner en riesgo la seguridad de ciclistas y policías.
En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el episodio de “vergonzoso” y responsabilizó directamente al Ejecutivo por dañar la imagen internacional de la ciudad. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, por su parte, señaló “complicidad” del Gobierno al no impedir la invasión del recorrido.

El deporte atrapado en la geopolítica

Las protestas no fueron solo contra Israel sino también contra el equipo Israel-Premier Tech, financiado por intereses vinculados al primer ministro Benjamín Netanyahu. Los manifestantes exigían su descalificación, como ocurrió en el pasado con equipos rusos, en señal de rechazo al “genocidio en Gaza”.
La organización de la Vuelta lamentó “profundamente” los incidentes y defendió que tomó la decisión de suspender la etapa por motivos de seguridad.

El Gobierno israelí acusó a España de “animar protestas” y tildó la suspensión de “vergüenza internacional”. Medios extranjeros recogieron el caos en Madrid y pusieron en duda la capacidad española para garantizar seguridad en grandes eventos deportivos.
Jonas Vingegaard fue declarado ganador del certamen pese a la cancelación del tramo final, pero sin ceremonia oficial en la meta.

La cancelación de la última etapa de la Vuelta a España 2025 quedará como un hito de la tensión entre deporte, política y movilización social. Para Pedro Sánchez y su gobierno, el episodio supone un golpe en medio de una creciente polarización y acusaciones de corrupción; para la oposición, una oportunidad para desgastarlo; y para los organizadores del evento, un recordatorio de que el deporte no es inmune a los conflictos geopolíticos.