ASUNCIÓN. – Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional. El presidente Santiago Peña continúa formalmente en el cargo, pese a haber anunciado su renuncia, y deberá enfrentar un juicio político impulsado por el Congreso en medio del escándalo financiero que involucra a Ueno Bank.

La Cámara de Diputados aprobó el jueves, con 78 votos a favor y ninguno en contra, la acusación contra el mandatario por presunto «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones». El proceso pasó al Senado, que asumió el papel de tribunal juzgador y tiene previsto continuar este viernes con la presentación de la defensa presidencial.

La renuncia de Peña quedó sin resolución luego de que una sesión conjunta del Congreso convocada para tratarla se quedara sin quórum. Legisladores oficialistas abandonaron el recinto al advertir que no contaban con los votos necesarios para aprobarla.

El trasfondo de la crisis es la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central de Paraguay después de detectar graves problemas de solvencia. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes y concentraba importantes depósitos de organismos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.

Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses por sus vínculos empresariales con Ueno Holding y cuestionamientos sobre la concentración de fondos públicos en la entidad financiera.

El mandatario anunció que se presentará ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa «con argumentos y pruebas». Para destituirlo se necesitan 30 votos de los 45 senadores. Si se alcanza esa mayoría, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia.

Mientras tanto, las investigaciones financieras y las protestas ciudadanas mantienen al país en un escenario de incertidumbre. El desenlace del juicio político será determinante para el futuro político de Paraguay.