La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa de los “Cuadernos de las Coimas”, en una audiencia presencial que se extendió por casi ocho horas. La exmandataria optó por no responder preguntas, en una jornada en la que también declararon Julio De Vido y Roberto Baratta. El proceso avanza en un contexto marcado por graves acusaciones de corrupción en la obra pública.

Durante su exposición, Kirchner insistió en su defensa política y volvió a denunciar una supuesta persecución judicial, afirmando: “La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”. Sin embargo, sus declaraciones se produjeron en un escenario adverso, ya que la exmandataria ya cuenta con condenas en otras causas vinculadas a corrupción, lo que debilita su argumento de victimización frente a la Justicia.

En un tono desafiante, Kirchner advirtió: “Con este Poder Judicial puedo morir presa” y sostuvo: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”. También cuestionó al presidente Javier Milei al afirmar: “Anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”. Sus respuestas incluyeron gestos de confrontación ante el tribunal, como cuando replicó: “¿Alguna otra duda?”, reflejando un clima de tensión durante toda la audiencia.

El gobierno de Javier Milei respondió con dureza a las críticas de Cristina Fernández de Kirchner, desestimando su denuncia de una “catástrofe social y económica” como parte de una “ofensiva política y mediática coordinada”. Desde la Casa Rosada rechazaron de plano el diagnóstico de crisis y defendieron el rumbo económico, al sostener que por primera vez se está “ordenando la economía argentina y terminando con décadas de despilfarro”. En un tono marcadamente confrontativo, el comunicado oficial no solo cuestionó la legitimidad de las críticas kirchneristas, sino que también buscó desacreditarlas al vincularlas con la situación judicial de la exmandataria, profundizando así la grieta política en un contexto de alta tensión institucional y económica.

A su vez, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió su alejamiento del Partido Justicialista. En este contexto, el avance del juicio y el peso de las condenas previas consolidan un escenario judicial cada vez más complejo para la expresidenta.