Buenos Aires, 11 feb 2026 — Una jornada que debía ser una expresión legítima del derecho a la protesta en Argentina se transformó en un capítulo de violencia urbana en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras la Cámara de Diputados avanza con la discusión del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, miles de manifestantes convocados por sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron desde Plaza de Mayo. Sin embargo, una fracción de la protesta derivó en episodios de violencia que ensombrecieron el reclamo y pusieron en jaque el clima democrático.

Los incidentes incluyeron el lanzamiento de piedras, bombas molotov y otros objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y la aplicación del protocolo antipiquetes para asegurar el funcionamiento del recinto legislativo. Al menos 13 personas fueron detenidas y varios agentes policiales resultaron heridos, según reportes oficiales. La escalada de tensión provocó cuestionamientos tanto al accionar de quienes optaron por la violencia como al propio operativo de seguridad.

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Distintos sectores del arco político argentino condenaron los hechos. Mientras desde el Gobierno se subrayó la necesidad de legislar en un marco de orden, figuras opositoras señalaron deficiencias en la planificación del operativo. No obstante, diversos analistas subrayan que el uso de la violencia en una manifestación socava la legitimidad de cualquier reclamo, desvirtuando debates fundamentales como el de la reforma laboral, que merece una discusión profunda y pacífica.