En un hecho sin precedentes en la historia judicial de Argentina, el expresidente Alberto Fernández fue formalmente imputado por los delitos de “lesiones graves doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”, según determinó hoy el fiscal federal Ramiro González. Esta imputación se relaciona con las denuncias de violencia de género y abuso de poder presentadas por su expareja, Fabiola Yañez, quien fuera primera dama durante su mandato.

Detalle de los 9 hechos denunciados contra el expresidente Alberto Fernández:

Primer hecho: Ocurrió en 2013, cuando Fabiola Yáñez y Alberto Fernández iniciaron su relación. Durante una discusión en el departamento que compartían, Fernández habría agredido físicamente a Yáñez, empujándola y provocándole una caída que le causó lesiones leves.

Segundo hecho: En 2015, durante otra discusión, esta vez en la Quinta de Olivos, Fernández presuntamente volvió a agredir a Yáñez, esta vez golpeándola en el rostro. El incidente habría dejado marcas visibles, aunque no fue denunciado en ese momento.

Tercer hecho: En 2016, Yáñez fue víctima de un episodio de acoso psicológico, cuando Fernández, según la denuncia, la hostigó con constantes llamadas y mensajes intimidatorios, incluso en horarios nocturnos, generándole un estado de ansiedad permanente.

Cuarto hecho: En 2018, ya durante el mandato de Fernández como Presidente, ocurrió un nuevo episodio de violencia física. En esta ocasión, Yáñez habría sido golpeada en el brazo con tal fuerza que requirió atención médica, aunque no se registró en ese momento.

Quinto hecho: Durante 2019, en la Quinta de Olivos, se produjo otro incidente donde Fernández, durante una discusión, empujó a Yáñez contra una puerta, provocándole una lesión en la espalda. Este hecho también quedó sin denuncia formal hasta el momento actual.

Sexto hecho: En 2020, Yáñez denunció haber sido nuevamente víctima de acoso psicológico. Según su relato, Fernández utilizaba su poder para controlar sus movimientos y decisiones, sometiéndola a un constante estado de miedo.

Séptimo hecho: En 2021, tras la separación de hecho, Yáñez se mudó a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos. Durante ese período, Fernández la habría agredido verbalmente en múltiples ocasiones, lo que incrementó su estado de vulnerabilidad.

Octavo hecho: A finales de 2022, Yáñez fue víctima de una agresión física durante una discusión sobre la custodia de su hijo. Fernández la habría empujado con fuerza contra una pared, causando que se golpeara la cabeza, lo que la llevó a requerir atención médica inmediata.

Noveno hecho: El último episodio de violencia denunciado ocurrió en 2023, cuando Yáñez intentó abandonar la Quinta de Olivos definitivamente. En esa ocasión, Fernández habría intentado detenerla por la fuerza, empujándola y sujetándola con violencia, lo que resultó en moretones visibles.

En su dictamen, el fiscal González ha descrito un patrón de violencia que, según la denuncia, comenzó en 2013 y se intensificó durante el último año de la presidencia de Fernández. En total, se relatan nueve episodios de agresiones, tres de ellos físicos, que habrían sido cometidos contra Yáñez en un contexto de violencia intrafamiliar. Este patrón de hostigamiento y acoso psicológico, agravado por la posición de poder de Fernández, según González, refleja una "relación asimétrica y desigual" que se vio exacerbada por su rol como presidente.

Además de la imputación, el fiscal ha solicitado una serie de medidas probatorias para avanzar en la investigación. Entre estas se encuentran la toma de declaraciones de varios testigos cercanos al entorno del expresidente, como su exmédico personal, Federico Saavedra; la exsecretaria María Cantero; el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; y Sofía Pacchi, amiga de Yáñez y una de las personas que estuvo presente en la polémica fiesta de Olivos durante la pandemia. La periodista Alicia Barrios, amiga de Yáñez, también fue citada como testigo clave, ya que habría sido una de las primeras en conocer los detalles de las agresiones.

El fiscal González ha solicitado también las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos correspondientes a los últimos dos años, incluyendo tanto el chalet principal como la casa de huéspedes, donde Yáñez se habría mudado con su hijo tras la separación de hecho con Fernández. Además, se ha pedido que se preserven todos los registros de video desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, lo que podría aportar pruebas cruciales en el caso.

Otro punto destacado en el dictamen es la solicitud de los antecedentes médicos de Yáñez, incluyendo los registros de sus tratamientos psiquiátricos en la clínica INECO y los relacionados con su proceso de fertilización en la Clínica Fertilis. Estos documentos podrían proporcionar evidencia adicional sobre el impacto de las supuestas agresiones en la salud física y mental de la exprimera dama.

El fiscal también ha pedido al juez federal Julián Ercolini que ordene una inspección judicial de la Quinta de Olivos y sus alrededores, lo que sugiere que se está considerando la posibilidad de que los hechos denunciados hayan tenido lugar en esa residencia oficial durante el mandato de Fernández.

En una de las medidas más controvertidas, se ha solicitado a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) que elabore un informe integral sobre el estado de Yáñez, lo que subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de protección y apoyo para la denunciante.