En una sesión extendida hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó por mayoría el ambicioso paquete legislativo propuesto por el presidente Javier Milei, conocido como Ley Bases. Este conjunto de medidas económicas y fiscales fue celebrado por el Gobierno de la Casa Rosada a través de un comunicado oficial, destacando su importancia para la estabilidad y el desarrollo del país.

La Ley Bases, respaldada por 147 votos a favor contra 107 en contra y 2 abstenciones, marca un hito en el inicio del mandato de Milei, quien había puesto énfasis en reformas significativas para impulsar la economía nacional. Entre las disposiciones aprobadas se encuentran la reducción de la lista de empresas privatizables, la eliminación de la reforma previsional, la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y la ampliación de organismos estatales protegidos de disolución.

Además, la Cámara baja también votó a favor del paquete de reformas fiscales, que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias y la modificación del régimen de Bienes Personales. Estas medidas, con 136 votos positivos, marcan un cambio significativo en la política fiscal del país, aunque generaron controversia y preocupaciones sobre posibles acciones judiciales futuras debido a su rechazo previo en el Senado.

Durante el debate de más de 13 horas, se destacó la participación de diversos sectores políticos y la presencia en el recinto de figuras como Karina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel, subrayando la importancia y el impacto de estas reformas en la vida económica de los argentinos.

Con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno nacional busca establecer un marco jurídico sólido que garantice la estabilidad económica a largo plazo, a pesar de las críticas y las divisiones que estas medidas han generado en la opinión pública y entre los legisladores.

Este paso legislativo representa el primer gran logro de la gestión de Javier Milei y sienta las bases para futuras negociaciones y ajustes dentro del panorama político y económico argentino.

Puntos clave del paquete de las leyes:

Facultades excepcionales para el Presidente de la Nación:

El Presidente puede declarar emergencia pública en áreas administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI):

Establece incentivos fiscales para inversiones extranjeras de al menos $200 millones en sectores como forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año.
Las provincias pueden optar por adherirse y hay un cupo del 20% para proveedores locales bajo ciertas condiciones.

Reforma laboral:

Extensión del período de prueba a seis meses para empresas con más de 100 empleados, ocho meses para empresas de seis a 100 empleados, y un año para empresas con hasta cinco empleados.
Los sindicatos reciben cuotas de los trabajadores aunque no estén afiliados.
Privatizaciones:

Compañías estatales como ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE son susceptibles de ser privatizadas.

Modificación de la ley de hidrocarburos:

Desregulación para priorizar la producción y exportación de hidrocarburos sobre el abastecimiento del mercado interno.

Obra pública:

El Ejecutivo puede renegociar o rescindir contratos de obra pública o servicios, excepto aquellos con un 80% de ejecución o financiamiento internacional.

Reforma impositiva tabacalera:

Incremento del impuesto a los cigarrillos al 73% y ampliación a Tabacalera Sarandí.

Reforma fiscal:

Restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias para salarios superiores a $1.8 millones.
Cambios en el régimen de Bienes Personales, con un nuevo piso de $100 millones y reducción de alícuotas.
Eliminación de gastos tributarios especiales.
Programas de regularización de activos y deudas fiscales, con beneficios temporales y condonaciones.

Monotributo:

Actualización de los máximos de facturación anual hasta $68 millones y eliminación del Monotributo Social.