El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, han firmado  en Bruselas el acuerdo que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez y que incluye la amnistía para casos de la denominada “lawfare” o judicialización de la Justicia, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana.

El “número tres” del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado que el acuerdo para una futura amnistía relativa al proceso independentista en Cataluña en 2017 llega en un momento “clave” para España y “constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”.

Cerdán ha añadido que el acuerdo para una futura amnistía no incluye “nombres” y cubre a las personas relacionadas “directa o indirectamente” con el procés independentista “entre 2012 y 2023”.

La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.

En este sentido, señalan que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto “lawfare” o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican ” un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes”.
El documento contempla además que Junts pida “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya” a la Generalitat.

El pacto de investidura se sitúa en el comienzo de una negociación con distintas posiciones por ambas partes, y condiciona “la estabilidad de la legislatura” a “los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”.

De este modo, reseña algunas propuestas del lado de Junts, como es, “en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno”, que esta formación “propondrá de entrada una modificación de la LOFCA” (la norma que regula la financiación de las autonomías) “que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat”.