Ada Morales tiene presente lo que sucedió la noche del 7 de septiembre de 1990 como si fuera hoy: "Recuerdo aquel día en que mi hija fue a bailar a la elección de la reina del estudiante del colegio del Carmen. Ella se despidió contenta, feliz, alegre porque el curso de ella era el que organizaba el baile esa noche. La alegría, el entusiasmo con el que ella se fue".

A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38), el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada, le habían roto la mandíbula a golpes, quemado con cigarrillos, desfigurado el rostro, arrancado el cuero cabelludo, cortado las orejas, vaciado un ojo y aplastado el cráneo. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.

   Hoy, el lugar donde fue hallado el cuerpo de María Soledad (17) junto a la ruta 38, a seis kilómetros del centro de San Fernando del Valle de Catamarca, solo puede reconocerse por un monolito despintado.

   "Después de 30 años sigo siendo ama de casa, tengo una familia numerosa, seis hijos, siete con 'Sole', además tengo 6 nietos. Como madre, yo a mis hijos siempre trato de demostrarle que estoy bien pero aprendí a convivir con el dolor, a llevar el dolor en mi espalda", señaló.

   El baile al que concurrió María Soledad fue organizado por sus compañeras para costear los gastos del viaje de egresadas en el local Le Feu Rouge y con el fin de ayudar a las chicas que no podían pagarlo. "Mi hija era una de las 5 chicas que no tenía el dinero suficiente para pagar el viaje de fin de curso a Villa Carlos Paz", recordó.

   Su asesinato tuvo una amplia repercusión a nivel nacional y terminó con la renuncia del entonces gobernador de Catamarca, Ramón Saadi.

   También motivó las "marchas del silencio" que organizaba la religiosa Martha Pelloni, rectora del colegio al que asistía María Soledad y terminó con la detención de Luis Tula y Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional.

   Luque tiene hoy 54 años, vive en pleno centro catamarqueño, tiene un hijo y se mantiene con las rentas de las propiedades que le dejó su familia.

   Tula tiene 59 años, también vive en la zona céntrica de Catamarca, tiene dos hijos con su expareja, es abogado penalista tras estudiar en la cárcel y tiene un estudio jurídico ubicado en la calle Rivadavia al 800.

   "No me gusta opinar de política, lo único que puedo decir es que hubo un cambio, un antes y un después de María Soledad. Hasta que pasó lo de mi hija nadie se animaba y atrevía a denunciar, ni decir nada. Todo el mundo se quedaba callado. Desde el '90 se cambió la historia, la gente ahora sale, denuncia, busca saber qué es lo que pasó. Ahora las familias enfrentan a quienes uno cree que son los responsables o los culpables", contó Rizzardo.

   Además, Ada resaltó también un cambio en la justicia local y destacó la rapidez actual en relación al caso de su hija, en el cual participaron en la instrucción siete jueces y se realizaron dos juicios orales, porque el primero debió suspenderse por irregularidades.

 En dos años, tuvieron condena. 

   "Como mamá de María Soledad yo no juzgo a toda la justicia, no puedo ser egoísta o mala, porque hay jueces probos, hay fiscales probos, hay abogados excelentes. Al igual que a la policía de Catamarca no puedo juzgarla para nada, porque acá los que encubrieron el caso fue el grupo que pertenecía al exjefe de la policía (Miguel Ángel Ferreyra)", afirmó.

   Respecto a los dos hombres condenados por el crimen, dijo que nunca más los volvió a ver, pero si se los cruzara, "les diría que le fueran a pedir perdón a mi hija, porque a ella la lastimaron, a ella fue a la que le hicieron de todo. Yo no guardo odio, ni rencor tampoco".

   "A Elías (su marido, fallecido en agosto del 2016) y a Ada Morales jamás nadie le golpeó la puerta para decirles nada. No quiero que nos pidan perdón a nosotros porque no nos consideramos dioses. Al que se acerque a mi casa yo lo llevaría a donde descansa mi hija para que le pidan perdón a ella", en un mausoleo en el cementerio de Pozo el Mistol, en el departamento de Valle Viejo, donde también se encuentra el cuerpo de su padre, contó.

   Si bien ella no volvió a ver a los condenados Luque y a Tula, ambos hoy en libertad y viviendo en la ciudad, contó que sus otros hijos sí lo hicieron y "quedan destrozados".

   "A mis hijos les duele el alma y me dicen 'mamá, mirá todo lo que luchaste, todo lo que hicieron y ellos andan en la calle como si no hubieran cometido nada y nosotros con las manos vacías sin nuestra hermana'", expresó.

 

 El Caso María Soledad:

A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38), el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada, le habían roto la mandíbula a golpes, quemado con cigarrillos, desfigurado el rostro, arrancado el cuero cabelludo, cortado las orejas, vaciado un ojo y aplastado el cráneo. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.

Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra ―padre de uno de los asesinos―, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran (borrando huellas y señales de modo irrecuperable).

Los primeros rumores del pueblo decía que los responsables serían los hijos del poder. Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban sospechados los jóvenes Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Ángel Luque), Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente José Jalil), y Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de Policía provincial).

Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente.

En esas condiciones, Ángel Luque ―diputado nacional por Catamarca y padre de Guillermo Luque―, declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces del presidente Carlos Menem, interviniera primero el poder judicial de la provincia, luego el poder legislativo, y finalmente el poder ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia, y aliado de Menem.

El 27 de septiembre de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales ―pero solo cumplió 14 años de prisión―, en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del  

 delito de violación.