El Tribunal Supremo ordenó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García al apreciar un riesgo de fuga “extremo” ante la proximidad del juicio oral por presuntas irregularidades en contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Soto del Real y durante las próximas horas pasarán por los protocolos de ingreso penitenciario. 

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, atendió la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares —que en algunos casos han reclamado penas muy elevadas— basándose, según su auto, en “numerosos indicios racionales de criminalidad”, en la extensión de las penas solicitadas y en indicios de que los investigados podrían disponer de fondos y contactos internacionales que facilitarían una fuga. La Fiscalía solicita hasta 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo García; las acusaciones populares elevaron las reclamaciones hasta los 30 años en ciertos supuestos. 

Los defensores de ambos negaron ante el juez cualquier intención de huir y esgrimieron el arraigo familiar y la situación pública de Ábalos como argumentos contrarios a la medida. Pese a ello, el instructor consideró insuficientes las cautelas anteriores (comparecencias quincenales y retirada de pasaporte) para conjurar el riesgo en el contexto de un inminente enjuiciamiento. 

La decisión del Supremo obliga ahora al Congreso a tramitar la suspensión de las funciones y derechos parlamentarios de Ábalos —que mantiene su acta, pero quedará privado del derecho de voto y del cobro del sueldo mientras dure la prisión provisional conforme al reglamento de la Cámara—. Fuentes parlamentarias ya han iniciado los pasos administrativos para certificar la situación al Congreso. 

La sentencia de ingreso en prisión ha desatado una fuerte sacudida política. Figuras públicas y formaciones de distinto signo han valorado la medida: desde la oposición se ha reclamado una respuesta política inmediata y se han convocado movilizaciones, mientras que voces de la izquierda y del entorno de la antigua coalición han calificado el suceso como “devastador” para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dada la cercanía orgánica de Ábalos y el hecho de que otros exdirigentes socialistas vinculados al caso —como Santos Cerdán— ya han sido investigados en el mismo procedimiento. 

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, aparece en la causa por hechos que la investigación vincula a presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública y su situación procesal ha sido también objeto de atención judicial en fechas recientes; su situación contrastada con la de Ábalos añade presión política sobre el PSOE. 

En paralelo al ingreso en prisión, la instrucción sigue incorporando diligencias: otros imputados y presuntos intermediarios están citados a declarar y la UCO y la Fiscalía analizan pagos y movimientos de dinero que, según el auto, permitirían inferir disponibilidad de fondos en efectivo. Parte de la instrucción examina además comunicaciones y contactos internacionales, inmuebles y los ingresos declarados por terceros vinculados a los acusados. 

¿Qué se espera ahora? Jurídicamente, el paso inmediato será la asignación de módulo penitenciario y la posibilidad de recurrir el auto ante la Sala que corresponda; procesalmente, la causa avanza hacia el juicio oral, para el que el instructor adujo la necesidad de medidas cautelares más severas para asegurar la celebración de la vista. Políticamente, la crisis abre un nuevo capítulo de tensión en la legislatura y obliga al PSOE a reaccionar públicamente para intentar despegar la responsabilidad individual de la estructura del partido, frente a la ofensiva crítica de la oposición.