El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional en una jornada histórica para la política española, al convertirse en el primer exjefe del Ejecutivo en declarar como investigado en una causa de estas características. Durante casi tres horas de interrogatorio, negó rotundamente haber ejercido cualquier tipo de influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros otorgado en 2021.

Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco de la denominada causa Plus Ultra, que analiza las circunstancias en las que la compañía aérea recibió ayudas estatales durante la pandemia.

Según fuentes jurídicas, el expresidente respondió principalmente a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y de su defensa, rechazando las principales hipótesis de la investigación. En su declaración aseguró que nunca intervino ante funcionarios o responsables gubernamentales para favorecer a la aerolínea y sostuvo que los cerca de 491.000 euros que percibió corresponden exclusivamente a trabajos de consultoría realizados para la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, también investigado en la causa.

Zapatero explicó que su actividad profesional se centraba en el asesoramiento internacional, especialmente en asuntos vinculados a América Latina, mediante la elaboración de informes y reuniones con clientes interesados en inversiones y análisis geopolítico. Asimismo, indicó que mantenía colaboraciones similares con otras firmas dedicadas a la consultoría estratégica.

Respecto a la aerolínea Plus Ultra, aseguró no haber mantenido contactos con sus directivos durante el proceso de concesión del préstamo público y afirmó que únicamente conoció al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en 2024, varios años después de la aprobación de la ayuda estatal.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación se refiere a conversaciones encontradas en dispositivos electrónicos de accionistas de la compañía, en las que supuestamente se mencionaba la posibilidad de recurrir a Zapatero para facilitar la obtención del rescate financiero. Sin embargo, el expresidente optó por no pronunciarse sobre esos mensajes, argumentando que su defensa ha cuestionado judicialmente la autenticidad de dichas comunicaciones.

Durante su comparecencia también negó tener sociedades, cuentas bancarias o activos financieros fuera de España. Para respaldar esa afirmación, presentó ante el tribunal una autorización voluntaria para que la Justicia pueda verificar la inexistencia de bienes de su titularidad en el extranjero.

Otro de los aspectos investigados se relaciona con cerca de ochenta joyas encontradas durante un registro policial en una oficina vinculada al expresidente. Las piezas fueron tasadas recientemente en aproximadamente 1,3 millones de euros. Sobre este asunto, Zapatero decidió no ofrecer explicaciones por el momento y señaló que lo hará en los próximos días, una vez finalice la preparación de su estrategia de defensa.

La investigación se amplió recientemente con la imputación de presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con el origen aún no justificado de dichas joyas.

Tras concluir su declaración, Zapatero difundió un comunicado en el que reiteró su inocencia y aseguró que colaborará plenamente con la Justicia. "Siempre me conduje con decencia y honradez", afirmó el exmandatario, quien pidió confianza a los ciudadanos y manifestó su convicción de que logrará demostrar que no cometió los delitos que se le atribuyen.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, aunque el juez decidió no adoptar restricciones inmediatas tras la declaración.

El caso Plus Ultra continúa siendo una de las investigaciones de mayor impacto político en España en los últimos años y mantiene una gran atención pública debido a la relevancia de los implicados y a las dudas que persisten sobre la concesión de ayudas estatales durante la pandemia.