La justicia española dio un paso clave en una de las causas más sensibles para el Gobierno al ordenar el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción tras dos años de investigación judicial.

La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, quien considera que existen indicios para avanzar hacia un juicio por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El juez sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, Begoña Gómez utilizó su condición de esposa del presidente para favorecer sus negocios y actividades profesionales.

Los cargos y la investigación

La causa se originó en 2024 y se centra en la actividad profesional de Gómez, particularmente en su relación con proyectos universitarios y vínculos con empresas privadas.

Según el auto judicial, se investigan posibles beneficios obtenidos a partir de su cercanía con el poder político, así como el uso de recursos públicos en actividades privadas.

El juez descartó uno de los delitos inicialmente analizados, pero sostiene que hay elementos suficientes para que el caso continúe en instancia judicial superior, eventualmente ante un jurado popular.

La reacción de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno se pronunció por primera vez sobre el caso durante una visita oficial a China, donde evitó profundizar en el tema y adoptó un tono institucional.

“Lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, afirmó Sánchez, quien además expresó su confianza en que “el tiempo pondrá todo en su sitio”.

Impacto político y mediático

El procesamiento ha generado una fuerte repercusión en España y en medios internacionales, que siguen de cerca el caso por su impacto en el Gobierno.

Mientras sectores del Ejecutivo cuestionan la actuación judicial, la oposición ha señalado la gravedad de las acusaciones, en un contexto de alta tensión política.

Un caso que escala

Con el cierre de la instrucción, el proceso entra en una nueva etapa que podría derivar en juicio, lo que mantendrá el caso en el centro del debate político español en las próximas semanas.