Bogotá, D.C. — En una decisión que ha sacudido los cimientos políticos y económicos del país, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un período de 30 días.

La medida, justificada por el Ejecutivo como una respuesta a una “crisis fiscal grave e inminente”, se produce tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, lo que dejó un vacío presupuestal estimado en 16 billones de pesos.

Los pilares de la crisis

El Gobierno sostiene que la negativa del Legislativo a aprobar nuevos mecanismos de recaudo ha generado un desbalance financiero que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, como el sistema de salud y los subsidios energéticos dirigidos a los estratos más vulnerables.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal proyectado para 2025 alcanzaría el 7,1 % del PIB, un nivel que el presidente Petro califica como insostenible sin el uso de facultades extraordinarias.

Bajo este estado de excepción, el Ejecutivo busca implementar de forma directa medidas que previamente fueron rechazadas en el Congreso, entre ellas:

• Impuesto al patrimonio empresarial: un gravamen sobre los activos de las personas jurídicas.
• Aumento del GMF (5x1.000): un incremento transitorio del impuesto a los movimientos financieros.
• Redirección de recursos: ajustes presupuestales inmediatos para cubrir deudas con el sistema de salud y atender compromisos con las víctimas del conflicto armado.

Un choque de poderes inminente

La declaratoria desató de inmediato una tormenta jurídica y política. Sectores de la oposición, encabezados por figuras como la senadora María Fernanda Cabal, ya radicaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

El argumento central de los demandantes es que un déficit fiscal o la derrota de un proyecto de ley en el Congreso no constituyen hechos sobrevinientes o imprevisibles, condiciones exigidas por el artículo 215 de la Constitución para la activación del Estado de Emergencia.

Gremios económicos y exministros de Hacienda calificaron la medida como un “salto al vacío”, advirtiendo que incrementa la incertidumbre de los mercados, afecta la confianza inversionista y debilita la institucionalidad fiscal del país.

Desde la Casa de Nariño, en cambio, el presidente Petro defendió la legalidad del decreto y aseguró que su gobierno está “pagando las deudas de administraciones anteriores”, al tiempo que responsabilizó al Congreso por haber bloqueado las herramientas necesarias para garantizar derechos fundamentales.

La Corte, árbitro final

La última palabra quedará en manos de la Corte Constitucional, que ya sentó precedentes recientes al tumbar una emergencia similar decretada para La Guajira en 2023.

Mientras tanto, Colombia se encamina hacia una Navidad marcada por la incertidumbre económica, con un debate de fondo que vuelve a instalarse en la agenda nacional: los límites del poder presidencial frente al equilibrio institucional.