El Tribunal Supremo de España condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tras un juicio de seis jornadas en el que negó haber filtrado el correo que originó la causa, García Ortiz deberá abandonar la jefatura de la Fiscalía General, cargo al que había llegado en julio de 2022. Las acusaciones sostuvieron que la información filtrada fue utilizada en una nota de prensa de la Fiscalía para aclarar que era la pareja de Ayuso quien ofrecía un pacto, y no al revés, como se difundió inicialmente.

La sentencia ha generado un fuerte impacto político. El Gobierno expresó que respeta pero no comparte el fallo, mientras la oposición exige la dimisión de Pedro Sánchez por haber defendido la inocencia del fiscal general durante el proceso. García Ortiz aún puede presentar un incidente de nulidad, un recurso excepcional que, de ser aceptado, le permitiría llevar el caso al Tribunal Constitucional, manteniendo abierta una batalla judicial y política de alto voltaje.

Tras conocerse la condena, Isabel Díaz Ayuso reaccionó con firmeza y calificó el fallo del Supremo como un mensaje claro para la comunidad internacional: “Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”. La presidenta madrileña subrayó que el fiscal general deberá asumir las costas procesales de la defensa de su pareja, Alberto González Amador, y pagar una indemnización de 10.000 euros por los daños morales ocasionados

Un juicio con versiones enfrentadas

Durante el proceso judicial, se escucharon testimonios divergentes. Algunos respaldaron la versión del fiscal general; otros apuntaron a actuaciones que encajaban en el tipo penal que finalmente le ha sido aplicado.

Uno de los momentos más relevantes fue el testimonio de la persona encargada de redactar la nota de prensa de la Fiscalía, quien aseguró ante los magistrados que el contenido del comunicado le fue dictado por el propio García Ortiz. Ese detalle, que ahora deberá confirmarse en la sentencia completa, podría haber sido determinante.

El fallo también ordena devolver los objetos intervenidos en los registros, salvo los que deban ser destruidos, y absuelve al fiscal general de los demás delitos de la acusación.

La reacción del Gobierno: respeto con reservas

Desde la Moncloa, el Gobierno expresó que respeta la decisión del Supremo, aunque “no la comparte”. El presidente Pedro Sánchez queda ahora en una posición política delicada: durante el juicio defendió públicamente la “inocencia” de García Ortiz, desestimó informes de la Guardia Civil y llegó a exigir disculpas a quienes cuestionaban al jefe del Ministerio Público.

El Ejecutivo insiste en que el fiscal general aún puede presentar un incidente de nulidad, un mecanismo excepcional que habilita un posible recurso posterior ante el Tribunal Constitucional.

La oposición exige dimisiones y eleva la presión

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció desde la sede de Génova para afirmar que la condena “marca un antes y un después”.

“Quien debía perseguir el delito lo cometió. García Ortiz ha quebrantado la legalidad y vulnerado los derechos de los ciudadanos”, lanzó Feijóo, quien además acusó al fiscal general de actuar como “un peón en la estrategia política del Ejecutivo”.

Feijóo sostuvo que la responsabilidad política final recae en Pedro Sánchez, a quien volvió a exigir explicaciones y, desde sectores de su partido, incluso la dimisión.

El drama personal del denunciante

Alberto González Amador, cuya filtración motivó el proceso, compareció hace dos semanas ante el Supremo. En un momento que heló la sala, pidió un minuto para dirigirse a los magistrados.

“A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró.

La condena anunciada este jueves supone una victoria judicial para González Amador y, de rebote, para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien ya ha reivindicado en redes sociales su tesis sobre un supuesto complot político. Hoy se espera su comparecencia en la sede de la Puerta del Sol.

La incógnita ahora es si esta sentencia será usada por González Amador para intentar frenar o condicionar las dos causas judiciales que enfrenta en su contra. Su defensa lleva semanas deslizando la idea de que la filtración vulneró gravemente sus derechos.

Un escenario abierto y un país polarizado

Con esta decisión, el Supremo abre un nuevo capítulo en la tensión institucional entre la Fiscalía, el Gobierno y la oposición. La salida de García Ortiz, quien llegó al cargo en julio de 2022, profundiza la crisis política y alimenta un clima de polarización que ya venía en ascenso.

A la espera de la sentencia íntegra, el caso promete seguir generando repercusiones en los ámbitos judicial, político y mediático.