La política colombiana y las relaciones con Estados Unidos se sacudieron este viernes tras la noticia de que el presidente Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti, han sido incluidos en la denominada Lista Clinton (oficialmente la lista OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. La medida, que ha sido impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, alega que las acciones de Petro han contribuido materialmente al tráfico ilícito mundial de drogas debido al repunte récord de la producción de cocaína en Colombia bajo su mandato y, supuestamente, por ofrecer beneficios a organizaciones narcoterroristas.

Consecuencias y reacciones inmediatas

La inclusión en la lista OFAC implica graves consecuencias financieras y reputacionales. Para los designados, esto significa el bloqueo inmediato de activos bajo jurisdicción de EE. UU., la prohibición de realizar transacciones o negocios con cualquier ciudadano o empresa estadounidense y, por extensión, un severo aislamiento del sistema financiero internacional.

La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó la noticia, señalando que “efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió: yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”. Petro calificó la decisión como una “paradoja” al considerar que se le sanciona tras “luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia”. Con un tono desafiante, concluyó su mensaje con la frase: “ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Acciones legales y contexto político

El mandatario también anunció que su defensa legal en Estados Unidos estará a cargo del abogado Dany Kovalik. Mientras tanto, otros afectados, como Armando Benedetti —quien fue incluido por presuntamente coordinar rutas de exportación de cocaína—, reaccionaron con indignación. Nicolás Petro Burgos, por su parte, expresó sentirse incluido “injustamente” por el simple hecho de ser hijo del presidente.

La decisión de Estados Unidos ha generado un terremoto político en Colombia, con sectores de oposición celebrando la medida como una prueba de los “nexos oscuros” del gobierno, mientras que sus bases han convocado a movilizaciones para respaldar al presidente. Esta escalada de tensiones pone en un punto crítico las relaciones bilaterales, justo cuando la Casa Blanca anuncia que el presidente Trump no está interesado en “hacer las paces” con el mandatario colombiano, exigiendo un cambio inmediato en las políticas antinarcóticos.