El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que absolvió al exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual, ha desatado una intensa controversia en el ámbito político y judicial. Las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en las que calificó la decisión como una "vergüenza", han generado un rechazo frontal por parte de asociaciones de jueces y fiscales, que han exigido respeto a la independencia judicial y a la presunción de inocencia como pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Reacción de jueces y fiscales

En un comunicado conjunto, las principales asociaciones judiciales y fiscales de España, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación de Fiscales, manifestaron su preocupación por las afirmaciones de Montero. Subrayaron que los tribunales operan con independencia y que sus resoluciones están basadas en un análisis riguroso de las pruebas disponibles. Además, recordaron a la vicepresidenta que la presunción de inocencia es un derecho constitucional inalienable que no debe ser puesto en duda por declaraciones de representantes públicos.

"Las decisiones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero deben ser fundamentadas y respetuosas con la labor de los tribunales. Cuestionar una sentencia sin un análisis jurídico riguroso debilita la confianza en el sistema de justicia", afirmaron los firmantes del documento.

El fallo del TSJC y la absolución de Dani Alves

El TSJC revocó la condena previa de cuatro años y medio de prisión impuesta a Dani Alves, al considerar que el relato de la denunciante presentaba "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones". La sala, integrada por tres mujeres y un hombre, resolvió por unanimidad que la falta de pruebas contundentes impide sostener la culpabilidad del acusado, por lo que se debe aplicar el principio de presunción de inocencia. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El futbolista brasileño había permanecido en prisión preventiva durante catorce meses, antes de obtener la libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros. La sentencia absolutoria marca un giro significativo en el caso, que había suscitado un intenso debate público y mediático.

Debate sobre la validez de la prueba testimonial

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) intervino en la discusión alertando sobre el peligro de deslegitimar la declaración de las víctimas como prueba suficiente en casos de delitos sexuales. La organización destacó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido reiteradamente que el testimonio de la víctima, si cumple con los criterios de credibilidad y coherencia, puede ser base para una condena.

Sin embargo, las asociaciones judiciales recordaron que cada caso debe ser analizado de manera individual y que los jueces están obligados a valorar las pruebas con objetividad, garantizando tanto los derechos de la víctima como los del acusado.

El impacto en el Estado de Derecho

Este episodio ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en España. Desde el ámbito judicial se advierte que las críticas no fundamentadas pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y socavar la percepción de imparcialidad de la justicia. A su vez, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la defensa de los derechos de las víctimas con el respeto a los principios básicos del derecho penal.

Por el momento, no se prevé que las asociaciones judiciales tomen acciones formales contra la vicepresidenta Montero, pero su comunicado se interpreta como una advertencia sobre los límites del discurso político en relación con la labor de los tribunales. Mientras tanto, la posibilidad de que la sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo mantiene abierta la discusión sobre la aplicación de la justicia en casos de violencia sexual y el papel de la opinión pública en estos procesos.