Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció hoy ante la comisión investigadora de la Asamblea de Madrid, promovida por el PP de Isabel Díaz Ayuso. Como se esperaba, decidió no responder a ninguna de las preguntas, acogéndose a su derecho a guardar silencio. La comisión tiene como objetivo investigar si Gómez recibió "trato preferencial" por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para la creación de su cátedra.

En su breve intervención, Gómez destacó que la investigación tiene una clara intención política. "La verdad pronto pondrá las cosas en su sitio", afirmó. Explicó que, siguiendo el consejo de su abogado, decidió ejercer su derecho a no responder preguntas, aunque cumplió con la obligación de comparecer ante la comisión.

Al llegar a la Asamblea, Gómez fue recibida con hostilidad, con tres autobuses del grupo Hazte Oír proyectando mensajes contra ella y su marido. Una vez dentro, reiteró su postura, señalando que el caso estaba siendo utilizado con fines políticos y asegurando que la lista de denunciantes era una prueba más de ello.

El PP centró su intervención en el "uso de fondos públicos" por parte de la universidad, alegando que Gómez se benefició de su condición de esposa de Sánchez para dirigir un máster y la creación de la cátedra. Cuestionaron cómo ella, sin las cualificaciones académicas necesarias, pudo asumir tales puestos y cómo la universidad financió su cátedra con cantidades mucho mayores que otras en la Complutense.

En el intercambio tenso, la diputada del PP Mercedes Zarzalejo acusó a Gómez de no ofrecer defensa alguna. "Hoy no ha dicho ni una sola palabra, y eso solo puede justificarse por dos razones: o bien no tiene defensa ante tanta evidencia, o bien está ocultando algo", declaró Zarzalejo.

La comisión planteó varias preguntas, principalmente sobre la creación, financiación y gestión de la cátedra y los programas de máster que Gómez codirigió en la UCM. También se profundizó en las conexiones con empresas y sus vínculos con el Africa Center y el grupo Globalia, que aumentaron después de que su marido asumiera la presidencia.

La cátedra de Gómez en la UCM fue financiada con 136.000 euros, aportados por cuatro empresas, una suma significativa si se considera que solo ocho de las 54 cátedras extraordinarias de la universidad recibieron una financiación similar. El PP expresó su preocupación por la ética de financiar estos proyectos, sugiriendo que el papel de Gómez se debía más a sus conexiones políticas que a méritos académicos.

Durante la comisión, Gómez explicó que su colaboración con la UCM comenzó hace 12 años como codirectora de un programa de máster, una colaboración que se amplió en 2020 con la creación de la cátedra extraordinaria. Defendió la cátedra como una práctica habitual en las universidades públicas y afirmó que su puesto no era remunerado.

La sesión terminó con Gómez manteniendo su silencio durante las preguntas del PP, reafirmando su derecho a no responder. El clima político en torno al caso, con una amplia cobertura mediática y un intenso escrutinio público, sugiere que esta investigación seguirá siendo un punto álgido en el debate sobre el uso de recursos públicos y la influencia política.