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Política

Fiscales latinoamericanos acuerdan investigar Odebretch

En Brasil 11 países del continente firmaron un plan internacional de cooperación jurídica para continuar la investigación de presuntos sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

Una docena de países se encuentran involucrados en la investigación que destapó la macrocausa de lavado y sobornos que tiene como protagonista la constructora más importante del Brasil. Por ello, con el objetivo de acordar acciones de cooperación entre las naciones relacionadas con la investigación sobre los presuntos delitos cometidos, fiscales y procuradores participaron de un encuentro cuya conclusión fue la "Declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción".
Fiscales y procuradores de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela respondieron a la convocatoria de Brasil y terminó con ocho acuerdos que destacan, "asumir el compromiso de brindar la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general". También acordaron integrar equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, con base en normas legales e instrumentos internacionales aplicables. Como principio rector de la declaración refiere una actuación "con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional". En particular, mencionaron un artículo de la Convención de Mérida (México) relacionado con la ejecución y seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Además, exhortaron a los ciudadanos a "apoyar sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes", y se comprometieron también a "la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas", según la legislación de cada país.
Ciudadanos de 26 países usan energía, agua, carreteras, aeropuertos, trenes, plásticos y hasta estadios deportivos construidos u operados por Odebrecht, el gigante brasileño convertido en símbolo de la corrupción de escala continental. La empresa, que enfrenta una multa de 4.500 millones de dólares, acordó que 77 de sus exejecutivos confesasen sus delitos, un pacto que según quienes lo conocen contiene evidencias suficientes para cambiar el escenario político brasileño. Odebrecht es una de las principales implicadas en la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que investiga una red de sobornos a políticos y partidos para obtener contratos en Petrobras. Pero su radio de acción fue mucho más allá de la petrolera estatal.
Las primeras filtraciones en Brasil rozaron al presidente Michel Temer y anticiparon sobornos estimados en casi 1.000 millones de dólares en decenas de países y múltiples referentes políticos. En Perú, produjo una orden de arresto contra el expresidente Alejandro Toledo. En Colombia, salpicó al mandatario Juan Manuel Santos, y en Argentina alcanzó al jefe de la Inteligencia, Gustavo Arribas, entre varios otros.
Tras casi dos años de acusaciones, sin nuevos contratos con el Estado y con una deuda de unos 24.500 millones de dólares, el grupo Odebretch acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas. Puso en venta activos por 3.800 millones de dólares y declaró que podía pagar 2.600 millones de dólares de la multa de 4.500 millones fijada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde cotiza su petroquímica Braskem, multada por su parte en unos 900 millones.
El 17 de abril se conocerá si la quita es aceptada y la penalidad combinada queda en 3.500 millones. La suma deberá repartirse entre Brasil (cerca de un 80%), Estados Unidos y Suiza.