Marcelo Odebrecht fue presionado durante al menos 6 meses por la Fiscalía de Brasil para que confiese a quién había sobornado para conseguir contratos, y a cambio de rebajar la condena. La aparición de una carpeta en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornados constituyó una de las pruebas más concluyentes que le hicieron doblegarse. A cambio de delatar implicados, la rebaja fue de diez años, con él otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad. Una vez que las investigaciones iniciaron tuvo lugar una consecución de revelaciones arrasándolo todo. Desde EEUU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo.

La posibilidad de que el “caso Odebrecht” haya pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicando al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desató un tsunami político desde el martes por la noche en el país. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un ex senador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del ex senador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que pedio que se investigue mientras el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos. El pasado 14 de enero fue detenido el ex congresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

La Fiscalía anticorrupción del Perú solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo dio un vuelco inesperado y tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri, a través de su Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre. La Secretaría de la Función Pública, que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios.

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

Odebrecht pagará en República Dominicana, a lo largo de ocho años, los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.

Ecuador también se vio afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el ‘caso Odebrecht’ en Ecuador.

Así como pasó con República Dominicana, la firma cerró un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.