El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, negó que la propuesta de debatir el tema sea "demagógico", además aseguró que "El Presidente está de acuerdo en dar esta discusión”. El funcionario se ocupó de aclarar que no se trata de una medida de tinte “electoral”, esto relacionado a las elecciones de medio termino que tendrán lugar en octubre. El ministro de Justicia propuso, y según confió debatió con UNICEF, organización que ayer se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad y la definió como un “retroceso”, "la posibilidad de bajar las cargas de prueba: que de 14 a 16 sea el fiscal el que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto; y que de 16 a 18 sea la defensa". Para Garavano, la discusión de la edad es una cuestión "cultural", por lo que deseó que "ojala se pueda afrontar con seriedad (el debate), durante el año, fuera de los medios y dar una discusión técnica".

En el universo político se mostraron posiciones encontradas acerca de la propuesta. La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo que "el Régimen Penal Juvenil es la propuesta de la Coalición Cívica desde hace más de diez años" y puso de relieve que la iniciativa "está enmarcada en la Declaración de los Derechos del Niño". "No tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales", manifestó la líder de la Coalición Cívica-ARI mediante un comunicado.

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, dijo que está "de acuerdo" con la idea de bajar la edad de imputabilidad y explicó que "no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años", aunque estimó que "debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas".

Para Lipera, "un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí lo preparan para delinquir más", por lo que pidió que se trate como parte de una reforma más integral.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó la intención del Gobierno de reducir la edad de imputabilidad a 14 años y consideró que es "una medida populista y demagógica". A través de su cuenta de Twitter, la referente opositora planteó que "hubiera sido bueno que el Presidente (Mauricio Macri) empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos". La legisladora se preguntó: "¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles, que son la academia del delito? De ahí no salen mejores".

Por su parte, la diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño aseguró que la propuesta es una "cortina de humo ante el desastre en materia de inseguridad". "La comisión para bajar a 14 la imputabilidad es cortina de humo ante el desastre en materia de inseguridad", subrayó la legisladora massista. En su cuenta de la red social Twitter, Camaño también señaló que el Presidente "busca titulares" con el anuncio de impulsar una discusión sobre el Régimen Penal Juvenil después de las elecciones.

En el mismo sentido, la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) organismo de DDHH, cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que "una medida como esta no es la solución para los problemas de la inseguridad, existen contundentes argumentos y estadísticas que demuestran que la baja en la edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito".

En América Latina el límite en el cual los menores son punibles penalmente va desde los 7 años, en Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros "establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no han infringido la ley penal". Sin embargo, no se especifica cuál debe ser la edad. La Regla 4 de las Reglas de Beijing recomienda que la edad mínima "no sea fijada a una edad demasiado temprana, teniendo en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual".